Los datos de empleo

En estos días hemos conocido los datos de empleo en España durante el último mes analizado: abril y los números no pueden ser mejores por el incremento de la actividad laboral y el fuerte descenso del desempleo. Es evidente que la reforma laboral aprobada, a pesar del voto en contra del partido mayoritario de la oposición (PP), está siendo un antídoto contra los empleos basura potenciados por la anterior reforma laboral del PP de M. Rajoy. Un dato importantísimo también es el incremento de la contratación indefinida en los últimos meses. Así, en diciembre -mes en el que entró en vigor el RD sobre la reforma laboral aprobado por el gobierno, pendiente de convalidación en el Congreso y que a punto estuvo de no ser aprobada debido a la férrea, injustificada y malintencionada posición contraria del PP y aunque creían controlada la votación por la deslealtad de UPN, les traiciono la incompetencia de uno de sus diputados, por cierto, investigado por corrupción política cuando fue alcalde de Trujillo- un 10 % de los contratos firmados fueron indefinidos; en enero, el 15 %; en febrero, el 22 %; en marzo, el 31 % y en abril, el 48 %; es decir, uno de cada dos contratos firmados en el último mes han sido indefinidos: del millón cuatrocientos mil contratos suscritos en abril, 698.646 han sido indefinidos.

Y ante esto, el nuevo dirigente del PP, el “manso” Feijóo, dice que, bueno, sí se mejoran los datos de empleo de marzo, pero no son tan buenos porque muchos trabajadores son funcionarios públicos y parece que según sus propias palabras, éstos no producen, ya que no pertenecen al sector privado. Dijo textualmente que esos funcionarios públicos “el algunos casos” son necesarios, pero se financian “con impuestos”. Terrible y desafortunada afirmación de alguien que ha sido presidente de una Comunidad Autónoma, que ha tenido que emplear funcionarios púbicos y que aspira a ser presidente del gobierno de España. Señor Feijóo, ¿los maestros, médicos, jueces, fiscales, policías, guardias civiles o funcionarios de prisiones, no son todos necesarios? ¿no producen? ¿son unos vagos redomados que ganan su salario sin dar un “palo al agua”? ¡Vaya con el político sosegado!

Por su parte, el paro también ha descendido en abril y en una cantidad importantísima, en 86.260 personas y por primera vez en la historia hay más de 20 millones de personas trabajando. Los buenos datos de empleo y la correcta y justa aplicación del sistema tributario, contribuyendo todos los ciudadanos de acuerdo a su capacidad económica, son la mejor garantía para el mantenimiento del Estado del Bienestar; ese que consagra nuestra Carta Magna y con el que los partidos de la derecha política quieren terminar, porque si las propuestas de bajadas de impuestos que propone el PP y Vox (y, que todo hay que decirlo, benefician siempre infinitamente más a las rentas altas que a las bajas) se llevan a cabo, las políticas de derechos sociales universales que combaten la exclusión social y equilibran la distribución de renta y riqueza, no sería posible aplicarlas. ¿De dónde sale el dinero para educación, sanidad y servicios sociales públicos y universales si no se contribuye adecuadamente para el sostenimiento de los gastos públicos? ¿De dónde sale el dinero para que las pensiones sean dignas, derecho muy merecido por los trabajadores que han estado “dando el callo” durante toda su vida laboral?

Es más, en algunos aspectos, el Estado, como garante de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, tenía que ser más beligerante con algunas políticas transferidas a las Comunidades Autónomas y que éstas no cumplen adecuadamente; como son, por ejemplo, la sanidad y la educación. Es inconcebible que regiones como Madrid y Andalucía estén despidiendo a miles de sanitarios y, en lugar de contratar a cientos de maestros más, conceden becas para estudiantes de familias que pueden obtener unas rentas de hasta 140.000 euros al año y para colegios privados, como sucede en la comunidad madrileña presidida por la ultra conservadora Ayuso. Es una competencia que le asigna la CE al Estado en el artículo 150.3. Si el interés general lo exige, el Estado tendría que intervenir para evitar que se practiquen políticas ultra liberales. Recordemos que nuestra Carta Magna tiene un contenido social importantísimo y se debe cumplir.

La cohesión social, que se obtiene, fundamentalmente, por un equilibrio económico más equitativo; es decir, con una justicia distributiva adecuada y necesaria, es el mejor antídoto para combatir los conflictos sociales, incluida la delincuencia. En este aspecto hay un embrión de conflictividad que me parece muy preocupante en algunas ciudades como Madrid: la lucha a muerte entre jóvenes que pertenecen a bandas de delincuencia organizada y que han provocado ya 4 asesinatos en Madrid entre enero y abril de 2022 y que ya dobla la cifra de los acontecidos en todo el año 2021; el último, hace pocos días. Y esto sí que es aterrador y me recuerda, por desgracia, a la extrema violencia que existe en países como Guatemala o El Salvador –que conozco bien porque he vivido allí- provocada por esas bandas, conocidas como “maras” y cuyo origen se entronca en la fractura social y económica de esos países, en los que el 10 % de la población posee el 95 % de la riqueza, mientras el 90 % restante tiene que “malvivir” para poder sobrevivir. Recordemos, una vez más, la máxima siempre certera del famoso penalista alemán Franz Von Liszt, de que “la mejor política criminal es una buena política social” y las políticas ultra liberales de gobernantes como la presidenta de la Comunidad de Madrid no se diferencian demasiado de las de los mandatarios de signo político semejante en El Salvador o Guatemala. Esa apelación a la “libertad salvaje” de Ayuso, entendiendo como que cada ciudadano se “busque la vida como pueda”, puede ser muy perniciosa, porque, el que tiene recursos en abundancia consigue todo y encima le bajan los impuestos y el que no tiene recursos, no consigue nada, o sí, quizá para conseguirlo lo tiene que hacer por la fuerza, utilizando la violencia y el ataque a los bienes jurídicos de otros (vida y patrimonio).