Fisioterapeutas, esenciales para nuestra sanidad presente y futura

La Ley de Ordenación de las profesiones sanitarias fue muy clara en 2003 a la hora de establecer las funciones de las fisioterapeutas, al remarcar que son los profesionales sanitarios a los que les corresponde “la prestación de los cuidados propios de su disciplina, a través de tratamientos con medios y agentes físicos, dirigidos a la recuperación y rehabilitación de personas con disfunciones o discapacidades somáticas, así como a la prevención de las mismas”.

Lamentablemente, y transcurridos ya cerca de 20 años, los más de 50.000 fisioterapeutas de nuestro país siguen sufriendo numerosos problemas y dificultades que lastran su desarrollo y avance profesional a pesar de que su labor es fundamental para mejorar la salud, bienestar y calidad de vida de cientos de miles de personas.

Pese a numerosas promesas y compromisos manifestados por parte de sucesivos responsables y gestores públicos, la Fisioterapia sigue siendo en nuestro país una profesión sanitaria infravalorada, dependiente y poco reconocida. Déficit estructural de plantillas, malas condiciones laborales, falta de autonomía profesional, intrusismo… son solo algunos de los problemas y barreras a los que se enfrentan a diario.

Un claro ejemplo es que las carteras de servicios de las comunidades autónomas no posibilitan el óptimo desarrollo y avance profesional de los fisioterapeutas cuando son múltiples y muy importantes los ámbitos de actuación propios y compartidos en los que han de tener cabida dentro de los diferentes servicios de salud, tanto en el ámbito de Atención Primaria como en Atención Especializada.

No hay que olvidar que los fisioterapeutas españoles, gracias a su excelente formación universitaria, realizan una evaluación de los pacientes en base a los datos obtenidos para poder establecer un diagnóstico; gestionan la prevención y tratamiento de enfermedades y lesiones; indican hábitos y ejercicios que permitan la recuperación muscular a través de la reeducación; disminuyen y alivian el dolor de los pacientes, y consiguen la recuperación funcional de la persona para que retome actividades que desempeñaba con anterioridad.

A pesar de todo ello, los servicios de salud sufren un tremendo déficit de estos profesionales en sus plantillas, por lo que se ven obligados en la mayoría de los casos a trabajar en el sector privado como consecuencia de la falta de salidas laborales. Una alternativa llena, en muchas ocasiones, de pésimas condiciones (horarios, salarios, recursos…) que les perjudican como profesionales y que repercuten negativamente a las personas a las que prestan su atención.

El diagnóstico de situación está muy claro. En España solo hay un fisioterapeuta para atender a 10.000 personas en la sanidad pública cuando la ratio establecida por la OMS es de uno por 1.000 personas.

Un déficit crónico y estructural de profesionales que es más grave si cabe en los centros de salud donde su presencia en muchos de ellos es inexistente, lo que provoca que las personas que requieren de su atención tengan que esperar semanas e, incluso, meses, o acudir a la sanidad privada para resolver un problema de salud que debería solucionarse en la pública.

Otro problema muy importante es que los fisioterapeutas de nuestro país tienen que luchar contra un descarado “intrusismo” profesional que se ha generalizado en los últimos tiempos sin que desde las administraciones competentes se haya hecho prácticamente nada al respecto o muestren interés alguno.

Unas actividades fraudulentas que, en modo alguno, deben entenderse como sanitarias y que realizan personas que no tienen la formación, cualificación y acreditación necesaria. Se trata de un claro fraude y engaño a los ciudadanos/as, los cuales desconocen los peligros y daños que entraña para su salud y bienestar general.

En definitiva, en SATSE estamos convencidos de que se requiere un cambio del actual modelo de atención, a nivel organizativo y asistencial, que permita aprovechar todo el potencial de los profesionales de Fisioterapia, los cuales, además, pueden y debe desempeñar un papel decisivo en la atención de las personas dependientes o con problemas de salud crónicos, cuyo número es cada vez mayor en nuestro país.

No podemos permitir que se perpetue una situación injusta, indigna y perjudicial para un colectivo profesional que, como ha demostrado también en tiempos de pandemia, es clave para poder mantener un sistema sanitario eficaz, igualitario y de calidad.

Mercedes Gago, secretaria general del Sindicato de Enfermería, SATSE, en Castilla y León