Béjar declara la tolerancia cero al fraude y a la mala praxis en la administración
El Plan antifraude de la ciudad textil está en vigor desde el último pleno y sirve para adaptarse a la legislación vigente para poder disponer de los fondos de la Unión Europea.
Las administraciones púbicas y más las entidades locales han puesto cerco en los últimos tiempos a la corrupción y al fraude, en pos de mostrar al ciudadano la mayor transparencia posible en todos los ámbitos. Sumado a ello la Unión Europea ha aumentado su nivel de exigencia a la hora de otorgar fondos y ayudas, exigiendo disponer de un Plan Antifraude para conseguir que ese dinero acabe en los proyectos subvencionados.
El Ayuntamiento de Béjar aprobaba su propio plan en el pleno del pasado mes de febrero y el alcalde de Béjar, Antonio Cámara, acompañado por Mª Ángeles Cembellín, presidenta de la Comisión Antifraude y la responsable del Departamento de Empleo y Subvenciones (D.E.S.), han presentado este plan para que pueda ser conocido por los ciudadanos.
Cámara ha aclarado que en el ayuntamiento ya se aplican medidas antifraude y que este nuevo plan se desarrolla para adaptar la legislación a los requisitos exigidos por la Unión Europea para poder disponer de fondos europeos. Además, el primer edil bejarano ha tenido palabras de agradecimiento a los trabajadores de la Diputación de Salamanca, que ha elaborado un plan antifraude genérico, para adaptarlo a la administración de la ciudad textil y ha destacado que este plan “amplía la transparencia en la gestión del ayuntamiento y es una declaración de tolerancia cero con el fraude”.
Desde el Equipo de Gobierno se propone que también los ciudadanos sean vigilantes de este nuevo plan y por ello se habilita un “Buzón Antifraude” o buzón de denuncias, que ya está disponible en un acceso directo en la web del ayuntamiento: www.aytobejar.com . Además de consultar de manera íntegra el texto legal, se puede poner en conocimiento cualquier acción que pueda suponer irregularidad o fraude. Estas comunicaciones serán estudiadas por la Comisión Antifraude del ayuntamiento, se tomarán las medidas necesarias en cada caso y se comunicarán al denunciante los resultados de estas.
El alcalde ha destacado que este plan se articula en “cuatro elementos clave: prevención, detección, corrección y persecución. El consistorio local se implica de manera prioritaria, no solo con los fondos de la Unión Europea, si no en la gestión de cualquier recurso económico que se tenga a disposición en el ayuntamiento, ya sean subvenciones o fondos europeos, de la Junta de Castilla y León, de Diputación y de la gestión del propio presupuesto del ayuntamiento, es decir, todo el ámbito económico del ayuntamiento” explicaba Antonio Cámara. El alcalde, ha asegurado que con este plan se da aún mayor transparencia a la gestión municipal.
Para facilitar la aplicación de este plan y conseguir todos sus objetivos se ha creado una Comisión Antifraude en el ayuntamiento como método de prevención y detección del fraude, evaluación de riesgos, así como la aplicación de medidas de corrección y persecución en la lucha contra el fraude. Mª Ángeles Cembellín, presidenta de la Comisión Antifraude, ha explicado las formas de trabajo que se han establecido en la comisión “aunque actualmente las leyes vigentes ya persiguen el fraude este plan también tiene un objetivo disuasorio”, y el procedimiento que se va a seguir en la comisión.
La comisión nace para asegurar la correcta aplicación de las medidas antifraude y está formada por la secretaria general del ayuntamiento, el interventor, el tesorero, la persona responsable de la unidad de contratación y la responsable de la unidad de empleo y subvenciones, además de contar con un administrativo para levantar actas y atender el Buzón Antifraude.
Las funciones serán evaluar periódicamente el riesgo de fraude; garantizar un control interno eficaz para prevenir y detectar posibles fraudes; concienciar de la importancia de este plan para lo que se harán acciones informativas y formativas; propondrá abrir expedientes informativos, si se sospecha que pudiera existir alguna actuación irregular por lo que podrá recabar la información necesaria, incluso paralizando expedientes. En caso de haber indicios de fraude, según el tipo, se comunicará a las autoridades competentes del ayuntamiento y si lo requiriera el caso al juzgado.