Por una protección real de las víctimas y de sus hijos e hijas

En este 2015 dos nuevas leyes han venido a reforzar la consideración de los hijos e hijas como víctimas directas. La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito que "visibiliza como víctimas a los menores que se encuentran en un entorno de violencia de género" con el objetivo de "garantizarles el acceso de los servicios de asistencia y apoyo, así como la adopción de medidas de protección, con el objetivo de facilitar su recuperación integral".

Por otro lado, la modificación de 29 de julio de 2015 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil afecta a varios artículos de la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género con el mismo fin; instando a la judicatura a pronunciarse de oficio sobre medidas de protección integral para estos/as menores, tales como la suspensión de la patria potestad y custodia y del régimen de visitas, estancia, relación y comunicación.

Confiamos en que estas reformas legislativas lleven por fin una protección real de estas/os niñas y niños y no se quede en una mera formalidad como ha venido ocurriendo hasta ahora, no debemos olvidar que la Ley Integral ya permitía antes de esta modificaciones adoptar esas medidas y sin embargo, no se han llevado a cabo de forma plena y satisfactoria.

Para lograr la recuperación integral de estos/as menores es necesario que puedan recibir una atención psicológica especializada que debe ir acompañada de una solución legal rápida y eficaz, debido al entorpecimiento que en muchos casos los padres agresores están haciendo para que no sean atendidos/as. El acceso a dicha atención se enmarca en el ejercicio de la patria potestad, es decir, en una decisión que ha de ser tomada conjuntamente por ambos progenitores; y por supuesto en la gran mayoría de los casos los maltratadores no la conceden.

Nuestra organización también se pregunta si la protección de la que hablan las reformas legislativas anteriormente enumeradas tiene en cuenta que en nuestro país aún hay menores que van a ver a sus padres, asesinos de sus madres, a los centros penitenciarios en cumplimiento del régimen de visitas establecido. Existen y se dan casos extremos, y ante eso también hay que tomar medidas urgentes y eficaces.

También queremos poner la mirada en la realidad que nos dice que siete de cada diez víctimas, el 67,8%*, nunca denuncian esta violencia, poniendo fin a la relación en los juzgados de familia, juzgados sin especialización en los que se valoran con "neutralidad" situaciones en las que el desequilibrio de poder entre ambas partes es grave, llegándose a dar resoluciones que perpetúan el maltrato y desprotegen a los y las menores.

Para lograr la recuperación integral de estos/as menores es necesario que puedan recibir una atención psicológica especializada que debe ir acompañada de una solución legal rápida y eficaz, debido al entorpecimiento que en muchos casos los padres agresores están haciendo para que no sean atendidos/as. El acceso a dicha atención se enmarca en el ejercicio de la patria potestad, es decir, en una decisión que ha de ser tomada conjuntamente por ambos progenitores; y por supuesto en la gran mayoría de los casos los maltratadores no la conceden, que a su vez se pregunta si ¿es así como garantizamos la recuperación de los hijos e hijas víctimas de la violencia de género y a la que por ley tienen derecho?

Nuestra organización también se pregunta si la protección de la que hablan las reformas legislativas anteriormente enumeradas tiene en cuenta que en nuestro país aún hay menores que van a ver a sus padres, asesinos de sus madres, a los centros penitenciarios en cumplimiento del régimen de visitas establecido. Existen y se dan casos extremos, y ante eso también hay que tomar medidas urgentes y eficaces.

También queremos poner la mirada en la realidad que nos dice que siete de cada diez víctimas, el 67,8%*, nunca denuncian esta violencia, poniendo fin a la relación en los juzgados de familia, juzgados sin especialización en los que se valoran con "neutralidad" situaciones en las que el desequilibrio de poder entre ambas partes es grave, llegándose a dar resoluciones que perpetúan el maltrato y desprotegen a los y las menores.

Por último, este 25 de noviembre deseamos volver a poner de manifiesto la importancia y la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en ser altavoces de este tipo de realidades que contemplan las leyes y que sin embargo no se cumplen; porque solo así seremos capaces de visibilizar y combatir de forma plena la violencia de género.

* Datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 , elaborado elaborada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)