El alcalde y el secretario de Villarino deberán reintegrar al Ayuntamiento 28.414 euros

El Tribunal de Cuentas considera responsables contables directos y solidarios al alcalde de Villarino de los Aires, Julián Martín Jiménez, y al secretario municipal de esa localidad, Benito Guerra Martín, del alcance causado en los fondos del Ayuntamiento de Villarino de los Aires por 28.414 euros, cantidad que corresponde a lo abonado a una entidad privada, en concepto de asistencia médico-farmacéutica de dos funcionarios municipales, entre los ejercicios 2017 y 2020, ambos inclusive.

Esta sentencia surge ante el recurso contencioso interpuesto por el Grupo municipal Villarino y Cabeza, por el incumplimiento del acuerdo plenario de 28 diciembre de 2017, por el que se aprobaba una moción presentada por este Grupo y que consistía en la "anulación, en el presupuesto ya aprobado para 2017, del crédito presupuestario (?) por importe de 9.000 euros y correspondiente a gastos de asistencia médico-farmacéutica de dos funcionarios del Ayuntamiento y que dichos funcionarios fueran dados de alta en la Seguridad Social como el resto de los trabajadores del Ayuntamiento", según recoge la sentencia.

Tras un primer fallo del Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Salamanca en contra del recurso, VyC recurrió a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), la que finalmente condenó al Ayuntamiento de Villarino de los Aires, en sentencia de 27 de enero de 2020, "a cumplir las obligaciones asumidas en el acuerdo de 28 de diciembre de 2017 procediendo a su ejecución".

Pero no fue hasta el 24 septiembre de 2020, fecha en la que el pleno municipal, "reconociendo implícitamente la irregularidad de los pagos demandados", acordó "dejar sin efecto definitivamente el acuerdo del pleno municipal de 16 de abril de 1993 y proceder a la integración de los funcionarios municipales en el Sistema General de la Seguridad Social a partir del 1 de enero de 2021 y no abonar cantidad alguna en concepto de asistencia farmacéutica".

De esta actuación el Tribunal de Cuentas considera responsables solidarios tanto al secretario como al alcalde, al primero, como interventor, por tener la "responsabilidad de controlar que tanto el gasto que se vaya a autorizar como el pago a ordenar se ajustan a la legalidad aplicable y a la realidad de la situación presupuestaria de la administración pública afectada, pudiendo en el ejercicio de sus funciones emitir las notas de reparo que, en su caso, procedieran, tratando de evitar que se produzca cualquier clase de infracción normativa"; y al alcalde por no "hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento", en este caso el de 28 de diciembre de 2017".

Además de la devolución a las arcas municipales de 28.414 euros, ambos responsables municipales deberán hacer frente al pago de los "intereses ordinarios, que se calcularán, en fase de ejecución de sentencia, (?) sin perjuicio del posterior cálculo de los intereses de la mora procesal en función de la fecha del reintegro del principal del alcance."

Mala praxis en la aplicación de la ley desde 1993

Hay que señalar que en 1993, tras la desaparición de la mutua de funcionarios, el Ayuntamiento de Villarino contrata con una entidad privada la atención médica para los funcionarios en plantilla entonces, no así los gastos de farmacia. Por otro lado, es en 1994 cuando se produce la llegada del actual secretario-interventor, el cual no tendría derecho a esa prestación. Pero no es hasta enero de 2020 cuando se produce la sentencia del TSJCyL que resuelve a favor del recurso interpuesto por VyC, pues cabe destacar que en un primer lugar se produce una resolución desfavorable del Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Salamanca, motivo este por el que el alcalde no prestó la atención necesaria al cumplimiento del acuerdo plenario del 28 de diciembre de 2017, argumenta Julián Martín, quien añade haberse "encontrado con todo esto hecho en el Ayuntamiento muchos años antes", por lo que no descarta recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo.

Para Julián Martín su única culpa en lo sucedido "es no haber estado más pendiente de que se cumpliera el acuerdo del pleno" de 2017, "porque yo no me he beneficiado de nada de esto. Yo estoy centrado en generar empleo para los vecinos de Villarino, de reducir la deuda y de conseguir cosas buenas para el pueblo. Todo esto viene de hace 30 años y al final voy a ser yo, el más inocente, quien pague porque no estuve lo suficientemente vigilante de que se cumpliera un acuerdo del pleno sobre el que, además, el asunto tenía un fallo en contra del Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Salamanca".

Como recuerda el regidor, este es un asunto que se viene repitiendo desde 1994 en el Ayuntamiento de Villarino y que ha afectado a todas las corporaciones municipales desde entonces, una mala praxis en la aplicación de la ley que tendrá nuevas consecuencias, como ha avanzado el TSJCyL en su sentencia de 20 de enero de 2020. Este tribunal dictaminó que todos los pagos hechos entre 1994 y 2017, en concepto de asistencia sanitaria y gastos farmacéuticos, correspondientes al secretario, así como por medicinas adquiridas por el auxiliar municipal, "eran ilegales", quedando por determinar los importes abonados por el Ayuntamiento en ese periodo, "así como la determinación de la responsabilidad penal que se deriva de estos hechos", añade Javier Sendín, portavoz de VyC.

Desde VyC consideran "lamentable" tener que llegar a los juzgados "para que se cumpliera lo que ya era razonable sin que lo dijera ningún juez", resultado del que venían advirtiendo a los responsables municipales desde 2015, una sentencia a la que se añaden "los más de 8.000 ? euros que le ha costado al Ayuntamiento, es decir a todos los vecinos, el gasto jurídico de este procedimiento. Y no mencionamos el dinero que estamos gastando los miembros del Grupo VyC, en estos asuntos judiciales en defensa de todos los vecinos de Villarino, que pagamos de nuestro bolsillo", aseguran.