Sábado, 22 de enero de 2022
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Neutralizar el olvido

Neutralizar el olvido

OPINIóN
Actualizado 24/07/2021
Ángel González Quesada

(a Luis Calvo Rengel, in memoriam)

Teorema: "No conocer la verdad no te hace ignorante; no intentar conocer la verdad es lo que te hace ignorante".

Tal vez la única buena noticia de los últimos meses sea que se aprobó en el último Consejo de Ministros el inicio del trámite parlamentario para convertir en Ley de Memoria Democrática, un Anteproyecto que, aunque con lagunas y carencias, está destinado a corregir el silenciamiento y la inmensa mentira en que han sido ahogadas las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista, y a reparar en alguna medida la barbarie del fascismo y el totalitarismo criminal con que el franquismo enterró en vida a los españoles durante muchos, demasiados años.

Acostumbrados a que la perversión del lenguaje y su rastrera tergiversación intenten cambiar de significado las palabras, consuela y algo reconcilia con la expresión escrita que el Anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática diga ventanas a la esperanza, precisamente por la utilización de un lenguaje, ojalá pronto traducido en justicia, que respira la certidumbre y la promesa de reparación que tanto necesita la honestidad, en un país encenagado en el olvido y ofuscado por el más barato populismo.

"La sociedad española tiene un deber de memoria con las personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas e incluso perdieron sus bienes y hasta su propia vida en defensa de la democracia y la libertad"; "un deber moral que es indispensable fortalecer para neutralizar el olvido"; "la principal responsabilidad del Estado en el desarrollo de políticas de memoria democrática es fomentar su vertiente reparadora, inclusiva y plural"; "la historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos"; "en España se produjeron de manera sistemática desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, políticas de campos de concentración, trabajos forzados, torturas, violaciones e incluso secuestro masivo de recién nacidos para una política de inspiración 'genética'"; "esta Ley persigue preservar y mantener la memoria de las víctimas de la Guerra y la dictadura franquista, a través del conocimiento de la verdad, como un derecho de las víctimas, el establecimiento de la justicia y fomento de la reparación y establecimiento de un deber de memoria de los poderes públicos"...

Son algunas frases y párrafos entresacados casi azarosamente de la exposición de motivos del Anteproyecto, y ya su mera lectura anuncia una intención casi inédita en la actitud de los gobiernos españoles frente al conocimiento de nuestro pasado reciente. No es poco, aunque la atenta lectura del proyecto de Ley indique que la intención reparadora hacia las víctimas, no contempla paralelamente la elaboración de un censo de verdugos ni la investigación detallada de los ejecutores, culpables y responsables de una de las mayores atrocidades, de fiereza y brutalidad nunca conocidas en los últimos siglos. El proceso al franquismo queda, pues, pendiente.

La intención de la futura Ley de mostrar la verdad de lo sucedido en los más de cuarenta años de sojuzgamiento del pueblo español, tanto en los programas escolares como en las informaciones institucionales y el reconocimiento de efemérides, homenajes y reparación a víctimas directas del franquismo, con ser un enorme avance respecto a la poquedad mostrada hasta ahora, queda muy lejos de propiciar una política directa de indemnizaciones y reparaciones que vayan más allá del reconocimiento moral (con lo importante que éste sea), y no contempla tampoco la devolución, compensación y reintegro de tantos bienes particulares robados, saqueados y expoliados por los fascistas, muchos de los cuales son hoy perfectamente rastreables y fácilmente identificables en fachadas, logotipos y árboles genealógicos.

La futura Ley de Memoria Democrática logrará el reconocimiento, el homenaje y el recuerdo, gran parte de la reparación y, sobre todo, la dignificación de las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista (también a las víctimas directas, prácticamente la totalidad de los españoles de hoy, y específicamente varias generaciones, a quienes el atraso, la persecución, el miedo, la incultura, la obligada sumisión, el engaño, la imposición, la escasez y la tergiversación histórica, sumieron en un autocrático inmovilismo que fraguó el miedo colectivo, aún vivo, y nos clavó en el alma, en la herencia y casi en la tradición, una oscura forma de avergonzarnos de nosotros, una particular manera de negarnos y una dolorosa tendencia a la cobardía, que lastra todavía nuestro crecimiento y maduración colectivos). Ese reconocimiento, ese homenaje habría de ser realizado en su totalidad por el Estado, es decir, por la administración central del Estado, por los más altos representantes del pueblo español, no dejándolo, como apunta la futura ley, al albur de administraciones locales o autonómicas, burocracias de segundo o tercer nivel que pueden, o podrían, no estar a la altura política ni ética de tan grandiosa y trascendental labor.

Ningún reconocimiento será suficiente para compensar la oscuridad de tantos, tantos años de temor y temblor. Quedará pendiente, todavía, el permanente cuidado de esos reconocimientos, su reflejo en los libros que se lean en las escuelas, en las leyes que hablen de los españoles, en los usos que nos reconozcan como país, los abrazos que nos unan y los respetos que merezcamos. Debe ser algo más, mucho más que dedicarles un día, (que será emocionante), más que encontrar los restos de los seres queridos (el acto supremo de la más digna memoria), o que fijar una placa o un túmulo en su honor (un abrazo permanente). Reconocimiento, memoria, verdad: nada más, nada menos que tenerlos en cuenta, que quererlos, que querenos, y saber que todo esfuerzo que hagamos por ser mejores ciudadanos y mejores personas, todo avance que logremos en pro de la auténtica democracia y cada paso que demos hacia la libertad, se los debemos.

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