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Restauración

Restauración

OPINIóN
Actualizado 15/05/2021
Ángel González Quesada

Entre el 9 de mayo y el 28 de junio de 1940, más de un año después de terminada la guerra civil, en Paterna (Valencia), fueron asesinados vilmente, amontonados y abandonados en un hoyo en el suelo, más de 200 cuerpos de maestros, periodistas, editores, escritores, cineastas, ilustradores, alcaldes, concejales, magistrados o jornaleros de la zona, asesinados por los fascistas del lugar como "limpieza" de enemigos del franquismo. Con gran esfuerzo y durante años, organizaciones y personas interesadas, han conseguido recuperar algunos cuerpos para darles memoria y digna sepultura. Es solo uno de entre los miles de ejemplos de los trabajos que en este país intentan, con dolor y sin gloria, rescatar del olvido la ignominia del franquismo.

Con el carpetazo y silencio con que en este país se oculta cualquier iniciativa que tenga que ver con el franquismo y sus crímenes, hace días ha pasado de puntillas por los medios de comunicación el informe del Consejo Fiscal de España sobre el anteproyecto de la futura Ley de Memoria Democrática, que defiende la implantación del concepto, "justicia restaurativa", como vía para investigar los crímenes del franquismo y garantizar a las víctimas y deudos el derecho a recuperar la verdad y los restos de sus familiares asesinados.

El informe, no vinculante, es decir, sujeto como tantos relacionados con la ignominia franquista a la exhibición y el olvido, aunque de nuevo evade la investigación y el castigo de culpables, ha contado con el voto discrepante de cinco fiscales, lo que sigue dando noticia, más de cuarenta años después de aprobarse la Constitución, de que las profundas raíces del fascismo siguen abaratando la libre convivencia con la obstaculización ideológica de cualquier intento por conocer claramente aun solo parte de nuestro propio pasado.

Durante años, expertos de todo el mundo (incluido el relator especial de Naciones Unidas), han visitado España y asistido a los trabajos de apertura de fosas de asesinados por el franquismo, y han denunciado repetidamente el absoluto y vergonzante desamparo en que se producen esas recuperaciones, trabajosa y lentamente realizadas ante la pasividad institucional y una mayoritaria indiferencia social. La sentencia del Tribunal Supremo de 2012 contra la causa abierta por el juez Baltasar Garzón sobre los crímenes del franquismo, cerró con (otro) bochornoso portazo la investigación de la barbarie, además de lograr la inhabilitación de un magistrado internacionalmente reconocido, lo que (nos) advertía del futuro que esperaba a cualquier iniciativa que persiguiera conocer la verdad de aquel oscurísimo túnel de la dictadura en el que, además de la indignidad y el terror, además del desprecio, la incultura, el dolor y el miedo, se sembró, enseñó e impuso en este país la desidia crítica en la sociedad, la ineducada sumisión, el ocultamiento, la tergiversación histórica y un oscuro temor a la verdad que hoy cristaliza en una escalofriante indiferencia social.

Los delitos de lesa humanidad, según el derecho internacional, no prescriben. Los crímenes franquistas, paradigma de lesa humanidad, no pueden ser "despachados" con el argumento, mantenido por los jueces contra Garzón y ahora por los fiscales discrepantes de la "justicia restaurativa", de su prescripción por causa alguna. Ni la muerte de la mayor parte de los culpables directos de los crímenes franquistas ni las ampulosas (y falsas) declaraciones de talante democrático de sus herederos ni, mucho menos, el paso del tiempo, serán nunca argumentos para ocultar, tergiversar o "blanquear" la verdad de un período que este país le debe a su propia dignidad.

La Justicia Internacional y los tribunales que la asisten, no pueden ser solo fantoches togados en manos de determinados intereses geopolíticos, y mucho menos mostrarse incapaces de ahondar en temas del calado de la historia de la dictadura franquista, sea cual sea la postura judicial interna de nuestro país. El proceso general al franquismo, realizado por procedimientos judiciales imparciales, limpios, desideologizados e internacionalmente certificados, es la asignatura pendiente de una democracia, la española, que no merecerá su nombre mientras siga renunciando a volver la vista atrás y reconocer, reparar y restaurar en lo posible el interminable oprobio que a personas, organizaciones, propiedades, dignidades, colectivos y todo un país, infringió durante medio siglo la sangrienta dictadura franquista.

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