Aprobado el anteproyecto de ley que amplía la protección de los trabajadores desplazados a...

Según ha explicado el Gobierno, esta norma va a perfeccionar la cooperación interadministrativa, con el objetivo de evitar el fraude y los abusos de carácter laboral

Recientemente, el Consejo de Ministros ha ratificado una importante propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la cual pretende ampliar la protección de los trabajadores desplazados a España. Por lo tanto, el Gobierno ha decidido dar luz verde a este nuevo anteproyecto de ley, que parece totalmente necesario en estos complejos tiempos marcados por la crisis del COVID-19.

Gracias a esta novedosa norma, se traslada al ordenamiento jurídico español una Directiva de carácter europeo del año 2018, algo que también va a transformar la directiva sobre desplazamiento de trabajadores en prestación de servicios. Se puede decir por tanto, que este anteproyecto de ley va dirigido a los trabajadores que son desplazados temporalmente a España por empresas de la Unión Europea.

Para los especialistas en legislación laboral, esta nueva normativa va a reforzar la protección de los trabajadores que prestan servicios transnacionales, de modo que también generará beneficios en las inversiones y en la actividad económica. En opinión de David San Eloy Salas, uno de los abogados de reclamatorlawyers.com, este anteproyecto de ley "ayudará a establecer un clima de competencia no falseada, por lo que favorecerá a las pymes".

¿En qué consiste el nuevo anteproyecto de ley?

Como ya se ha comentado anteriormente, el Gobierno de España ha aprobado una nueva norma en materia de legislaciónlaboral, la cual tiene como principal objetivo ampliar la protección de los trabajadores que se desplazan hasta nuestro país. Para ello, este anteproyecto de ley pretende transponer al ordenamiento jurídico español una Directiva de la Unión Europea de 2018.

En palabras del Ministerio de Trabajo y Economía Social, esta Directiva europea "responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento de la Directiva 96/71/CE", que se adoptó en España hace más de 20 años. Para los que lo desconozcan, la Directiva 96/71/CE establece un listado de condiciones de trabajo, que los empleadores deben conceder a los trabajadores desplazados temporalmente a otro país extranjero.

La legislación laboral española ya cumple con varias disposiciones de esta Directiva europea, sin embargo, el nuevo anteproyecto de ley pretende incluir más medidas para asegurar la completa adopción de la misma. Por ejemplo, una de las más destacadas está relacionada con las condiciones de alojamiento, puesto que se van a ampliar las garantías para que los complementos no se descuenten de los salarios.

¿A quién se dirige esta norma aprobada por el Gobierno de España?

Obviamente, el nuevo anteproyecto de ley tiene unos destinatarios muy concretos: los trabajadores que se desplazan de manera temporal a España para realizar una prestación transnacional de servicios. Esto quiere decir, que los empleados pueden ser nacionales de países de la Unión Europea o extracomunitarios que residen de forma legal. Sin embargo, esta normativa laboral va más allá de los trabajadores.

Y es que este anteproyecto de ley, también se dirige a las empresas establecidas en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo, incluidas las ETT -Empresas de Trabajo Temporal-. Todas estas empresas deben garantizar las nuevas condiciones de trabajo recogidas en este texto legal, tanto en el caso de los desplazamientos ordinarios, como en el caso de los desplazamientos de larga duración.

Según los datos aportados por el Gobierno de España, en el año 2014, se registraron más de 1,9 millones de desplazamientos en la Unión Europea, lo que se traduce en un 0,7% de la mano de obra total. Estas cifras demuestran, que el desplazamiento de trabajadores juega un papel fundamental en el mercado interior, sobre todo, si las comparamos con las de años anteriores -un 44,4% más que en el año 2010-.

Beneficios del nuevo anteproyecto de ley para las empresas

Si por algo destaca esta normativa es por ampliar la protección de los trabajadores que se desplazan a España, siempre y cuando, provengan de empresas ubicadas en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo. Con las medidas que se han fijado en el anteproyecto de ley, se pretende generar un clima de competencia no falseada, entre las empresas de la Unión Europea y las empresas de carácter local.

De este modo, todas las empresas establecidas en España van a poder competir en igualdad de condiciones en cuanto a costes laborales se refiere, algo que podría suponer un aumento de la tasa de empleo en nuestro país. Y es que la competencia desleal no tendrá hueco en el mercado laboral, por lo que es muy probable que muchas organizaciones decidan subcontratar servicios a pymes españolas.