Recuerda que la Declaración de Impacto Ambiental estará caducada y que el Ayuntamiento de Retortillo le habrías denegado la licencia de construcción al presentar un proyecto sin firma colegiada
La Plataforma Stop Uranio ha presentado alegaciones en el trámite de audiencia que le ha concedido el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el procedimiento de renovación de la autorización previa como instalación radiactiva de primera categoría dentro del ciclo de combustible nuclear de la planta de fabricación de concentrados de uranio de Retortillo.
En Stop Urano consideran que no se debe renovar el permiso, dado que "se basa en una Declaración de Impacto Ambiental que está caducada de facto". La DIA fue aprobada en octubre de 2013 y en ella se recogía que la empresa debe iniciar los trabajos de construcción de la mina en el plazo de cinco años. Recientemente ha trascendido que "el Ayuntamiento de Retortillo ha denegado a Berkeley una licencia de obras para iniciar los trabajos de construcción de la mina por la ausencia de un proyecto firmado por técnico competente y visado por el correspondiente colegio profesional". Por lo tanto, añaden, "difícilmente se pueden iniciar unas obras si no se tiene la oportuna licencia", señalan desde Stop Uranio.
Además de esa alegación, desde la plataforma antimina consideran que "no se debe renovar la autorización previa por razones de oportunidad política". A este respecto, recuerdan que "el actual Gobierno ha establecido un calendario de cierre de las centrales nucleares de nuestro país, por lo que no será necesario explotar uranio en nuestro territorio para suministrar el combustible que precisan". Asimismo, estiman que las señales que ha transmitido el ejecutivo central muestran un "apoyo decidido a las energías renovables que nos permitan prescindir de la electricidad procedente de combustibles fósiles y de la energía nuclear".
En el documento de alegaciones, Stop Uranio también ha recordado que "la instalación proyectada molesta a nuestros vecinos portugueses, que se han posicionado unánimemente en contra de un proyecto que les afecta directamente y en el que no han tenido oportunidad de participar, pues no hubo un periodo de información pública en territorio luso".
Para la plataforma antimina "prorrogar la Autorización previa significa prorrogar la agonía de nuestros pueblos. Hace años que nadie puede tomar una decisión en relación a sus negocios o su modo de vida al estar pendientes de que se construya una instalación radiactiva que acabe con las formas de vida tradicionales. Somos conscientes que a Berkeley le va bien el mantenimiento de la situación actual, no le importa que suscite enormes dudas el negocio previsto, pues los vaivenes del valor de sus acciones en Bolsa están enriqueciendo a más de un avispado en los negocios bursátiles. Por el contrario, nosotros nos vemos atados de pies y manos a un futuro incierto que nos perjudica irremediablemente al ser incapaces las administraciones competentes de dar carpetazo al proyecto de abrir una instalación de primera categoría dentro del ciclo de combustible nuclear en Salamanca".
Desde Stop Uranio recuerdan que "el Gobierno, entonces presidido por Mariano Rajoy, concedió esa autorización previa en septiembre de 2015 con una vigencia de 5 años hasta la obtención de la siguiente autorización, la de construcción, pendiente todavía del preceptivo informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la posterior decisión política, que sólo es vinculante si el informe es negativo, del actual Gobierno de Pedro Sánchez".
La empresa Berkeley Minera España S.L. solicitó la renovación de la autorización previa en septiembre del año pasado, habiendo informado positivamente dicha renovación el CSN en julio de 2020. Ahora la decisión la tiene que tomar el Ministerio de Teresa Ribera, una renovación que desde Stop Uranio piden que se conceda.