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El Consorcio reclama a la Mancomunidad Arribes 66.000 euros de deuda anterior a diciembre de 2011
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SU ABONO ES IMPRESCINDIBLE PARA LA DISOLUCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD O SALIDA DE ELLA

El Consorcio reclama a la Mancomunidad Arribes 66.000 euros de deuda anterior a diciembre de 2011

Actualizado 27/10/2020
Miguel Corral

Villarino y Pereña no reconocen la deuda por haber trascurrido casi 10 años sin tener conocimiento de ella, y se muestran dispuestos a ir al juzgado y que la justicia decida lo que entienden ha prescrito

Los ayuntamientos de Villarino y Pereña rechazan la deuda que el Consorcio de mancomunidades Abadengo ? Centro Duero ? Arribes reclama a esta última, entidad formada, además, por los ayuntamientos de La Vídola y La Peña, aunque estos dos últimos sin responsabilidad jurídica al no pertenecer a la Mancomunidad como miembros de pleno derecho. La cantidad reclamada asciende a 66.107 euros por varios conceptos, cifra de la que Villarino debería hacer frente un 60% y Pereña el 35%, correspondiendo el 5% restante a La Peña y La Vídola, según el reparto por número de habitantes en cada municipio y que recogen sus estatutos.

El conocimiento de esta deuda viene después de que la Mancomunidad Arribes y, al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Villarino, decidieran su disolución la primera y su salida de la Mancomunidad el segundo, lo que conlleva inexorablemente que la Mancomunidad haya liquidado su deuda con el Consorcio y a su vez el Ayuntamiento de Villarino la suya con la Mancomunidad, cuestión esta última que en un principio el alcalde de Villarino, Julián Martín, pensaba había solucionado tras el pago recientemente de las cantidades reclamadas por la Mancomunidad al objeto de liquidar su deuda y solicitar su salida de la entidad supramunicipal.

Pero la información enviada desde el Consorcio a la Mancomunidad Arribes, sobre una deuda pendiente anterior a diciembre de 2011, ha complicado las cosas. Los ayuntamientos de Villarino y de Pereña no reconocen esta deuda, pues alegan que no han tenido conocimiento de ella hasta que la Mancomunidad solicitó recientemente un certificado de la deuda pendiente con el objeto de su liquidación, paso previo a su disolución. Al no tener conocimiento de ella 9 años después de haberse producido, entienden que ha prescrito y que no cabe reclamación.

Las cantidades reclamadas por el Consorcio y que la Mancomunidad Arribes no reconoce se remontan con anterioridad a diciembre de 2011, y hay tres conceptos que ni Villarino ni Pereña reconocen en tanto que desconocían ?como el resto de municipios consorciados? su existencia, pues se tiene conocimiento de ella una vez que el nuevo secretario de la entidad pone al día las cuentas tras su llegada al Consorcio en enero de 2019.

La deuda en enero de 2019 ascendía a unos 600.000 euros, cifra de la que 210.000 euros se remontan a diciembre de 2011, momento de la salida de la Mancomunidad de Vitigudino del Consorcio, y de la que no se tiene constancia hasta ocho años después, por lo que a la Mancomunidad de Vitigudino no se le reclama la parte proporcional que le correspondería de ella, unos 71.000 euros, en el momento de su segregación en 2012, aseguran a LAS ARRIBES AL DÍA responsables del Consorcio de Mancomunidades.

Por su parte, la Mancomunidad de Vitigudino hizo frente a los cerca de 20.000 euros de deuda que se le reclamaba por parte del Consorcio para poder concretar así su acuerdo de diciembre de 2011 y abandonar unos meses más tarde la entidad consorciada. En ningún momento a la Mancomunidad de Vitigudino le fue reclamada la parte proporcional de la deuda de 210.000 euros en tanto que esta fue descubierta a principios de 2019. Como asegura su presidente, Alfonso Castilla, "nosostros pagamos lo que en su día nos dijeron que debíamos, por lo que no podemos ahora, nueve años después, reconocer otra deuda", señalaba.

Por tanto, es a partir de ese momento cuando el Consorcio formula la reclamación de 71.000 euros a la Mancomunidad de Vitigudino, deuda que la entidad supramunicipal no reconoce mediante recurso de reposición "por haber prescrito", entre otros argumentos jurídicos. A este galimatías se suma la salida en 2014 del Ayuntamiento de Vitigudino, Consistorio que, de acuerdo a su población, costeaba el 50% de los gastos de la Mancomunidad, aproximadamente, lo que complica en mayor medida un acuerdo a tres bandas Consorcio-Mancomunidad-Ayuntamiento, como han comprobado responsables del Consorcio tras las conversaciones mantenidas con ambas entidades.

De ahí que la 'solución' haya sido el reparto proporcional de los 71.000 euros entre las tres mancomunidades que integran en la actualidad el Consorcio, Abadengo, Centro Duero y Arribes, siendo la cantidad reclamada a esta última de 9.922 euros y que rechaza pagar Villarino y Pereña.

Otra de las cantidades que no reconoce ninguno de estos ayuntamientos es la referida a 'Intereses de la deuda convenio Arribes', concepto que asciende a 31.206 euros. Esta cantidad es el resultado del recargo aplicado a los recibos impagados por la Mancomunidad Arribes tras el convenio firmado por el entonces presidente de la Mancomunidad y alcalde de Villarino en marzo de 2012. Este convenio llega tras la deuda contraída por la Mancomunidad y que la obliga al pago de un 20% de recargo en el caso de retraso en el pago de algunas de las mensualidades para liquidar la deuda.

Y el tercero de los conceptos que tampoco reconocen los ayuntamientos de Villarino y Pereña, reclamado por el Consorcio, hace referencia a la 'Liquidación de la deuda a 31-12-2011, y que asciende a 20.174 euros.

En un segundo plano quedan los 4.803 euros por el uso de un camión propiedad de una de las mancomunidades y que esta cedió para realizar el servicio de recogida de basuras.

Así las cosas, la deuda no reconocida al Consorcio por la Mancomunidad Arribes asciende a 66.107 euros, cifra de la que deberían repercutirse 39.664 euros a Villarino y 23.137 a Pereña.

Sobre la posibilidad de recurrir a la vía judicial se mostraban partidarios tanto el alcalde popular de Villarino, Julián Martín, como el socialista de Pereña, Luis Rodríguez, pues ambos coinciden en que sus municipios no tienen por qué hacer frente a una deuda que en su opinión habría prescrito al no habérseles reclamado hasta casi una década después de haberse producido.

Como el acuerdo amistoso se presenta más que complicado, la única solución posible, si realmente el Consorcio pretende cobrar las cantidades certificadas, apunta de camino a los juzgados, aunque con un desenlace bien incierto sobre la responsabilidad de estos hechos, pero también con la certeza de que el tiempo de vida del Consorcio y de la Mancomunidad Arribes está contado.

A lo anterior cabe añadir que antes de la disolución del Consorcio, este deberá liquidar, entre otras cantidades, los 280.000 euros que adeuda a Girsa a 30 de junio de 2020 por el tratamiento de residuos en el CTR de Gomecello, deuda que viene arrastrando desde hace varios años y que el Consorcio ha reducido en 220.000 euros desde enero de 2019, momento en el que la deuda a Girsa alcanzaba los 500.000 euros.