En torno al Ingreso Mínimo Vital

Pocos meses después de implantarse por "forzada" unanimidad en el Congreso, el Ingreso Mínimo Vital, se reactiva el debate. Esta vez el asunto toma otro cariz, cuestionándose la eficacia en su aplicación, y no es para menos, ya que los datos mostrados hasta el momento reflejan que está lejos de alcanzar el objetivo esperado. Se trata de una solución más que plausible dado de que, a pesar de ser una prestación social no contributiva, es una muestra del valor constitucional de llevar a cabo una asignación equitativa del gasto público a los recursos públicos.

Se veían titulares que versaban sobre el alcance del IMV para alrededor de 850.000 hogares. La realidad es un duro contraste, pues solo 90.000 familias han tenido acceso al mismo, dejando un importante vacío en las previsiones.

Ahora bien, cabe preguntarse si el resultado es únicamente negativo o de si es tan malo. Es cierto que las cifras revisten de esa connotación, mas si la finalidad de la medida es llegar a quienes realmente lo necesitan, no se puede concebir como un ingreso del que todos los ciudadanos puedan ser partícipes. También es correcto afirmar que se halla congestionado, pero en nuestra actualidad de igual forma lo están el sistema judicial y muchos otros ámbitos.

La pregunta que puede suscitarse o, si se quiere, la tesitura, es si se debe renunciar a la seguridad jurídica en aras de agilizar el proceso. ¿Se debe posponer la comprobación de los requisitos? Ello facilitaría la inclusión de quienes se encuentran a la espera del sustento, pero también conlleva el riesgo de que haya gente que perciba la ayuda sin cumplir las pautas requeridas y que, a posteriori, no pueda devolver lo recibido, haciendo más pronunciada la calificación de esta prestación como "a fondo perdido".

Por el contrario, sí que es viable otorgarle efectos retroactivos al IMV para que las familias que estén tardando más tiempo en percibirlo, cobren la cuantía de los meses pasados desde junio. Se pueden esgrimir argumentos a favor y en contra: hasta en el ejecutivo de coalición este tema es foco de diferencias. Lo que está fuera de duda es que esta medida, no solo igualitaria sino también de alcance nacional (lo cual es importante destacar), está manteniendo hasta el momento la balanza en cuanto a su correcta aplicación.

El IMV es una manifestación de la protección dada a la capacidad económica de los ciudadanos españoles, un fenómeno que ya se venía dando en otros Estados del panorama europeo y, a pesar de que quizás no baste con la fundamentación jurídica, se puede encontrar aval en la moral o en la misma solidaridad. No nos hallamos en un panorama normal, el Estado de alarma que recoge la Constitución y su consiguiente Ley Orgánica, es solo un pequeño resquicio de las múltiples fragmentaciones que han surgido para abordar la pandemia, como el caso de los ERTE, los cuales han sido objeto de una regulación ad hoc para actuar a modo de "salvavidas".

No está exento de críticas, al igual que otras muestras del crecimiento en derechos sociales que se está produciendo. No es más que una consecuencia del pluralismo político y social, pero seguramente sea mejor invertir los fondos del Estado (o su endeudamiento) en tal cometido, que en otras cuestiones, como lo fuera el rescate de bancos y cajas de dudosa integridad, y que ahora, ya saneados, se dejan en manos privadas con escasos reembolsos al Estado.