El trabajo que humaniza

La pandemia está incrementando la pobreza en nuestro país, miles de personas se están viendo obligadas a pedir lo necesario para subsistir en interminables "colas del hambre". Pero también, se están dando avances en la lucha contra la pobreza, como la aprobación del Ingreso Mínimo Vital. No son los pobres los que causan la pobreza, sino los procesos económicos y sociales ineficaces, con modelos incapaces de evitar el desempleo y un trabajo de calidad. Las personas no quieren caridad, sino poder trabajar dignamente, un empleo con derechos y protección, pero también con diálogo entre todos los poderes públicos, ahora más que nunca es necesario dar voz a los más pobres y solucionar sus problemas.

Se están dando pasos a pesar de la situación que vivimos de pandemia y crisis económica. La aprobación del Ingreso Mínimo Vital, es un paso soñado y necesario para luchar contra la pobreza severa, fortaleciendo y reforzando el sistema de garantías sociales para las personas excluidas y en riesgo de exclusión, acercándonos a la media europea en ingresos mínimos. El sistema de Seguridad Social ensancha su nivel asistencial, respondiendo al mandato constitucional (art. 41): Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Muchos hogares que carecen de ingresos, podrán acceder a partir de ahora a una medida protectora capaz de garantizar sus derechos básicos, independiente del territorio nacional donde resida.

A pesar de ser un avance importantísimo y muy alabado, según Cáritas, una de las ONGs que más están trabajando para reducir la pobreza y la lucha por la dignidad. La ley deja sin resolver algunos aspectos importantes: se excluye a personas en situación administrativa irregular, sobre todo menores, niños y niñas, que no van a quedar protegidos; también, hay una restricción a personas jóvenes, sobre todo los que salen del sistema de protección de menores; por otro lado, la prestación está vinculada al empleo y la obligación de constar como demandante de empleo, con lo que personas con enfermedades crónicas que tengan dificultades de ser incluidas en mercado laboral, no pueden acceder a la prestación.

Este avance social, esperado y necesario, deberá estar acompañado de un nuevo despertar ético, reformulando el consenso alcanzado sobre derechos humanos, ampliarlo y adaptarlo a los nuevos desafíos que nos estamos enfrentando. Armonizar lo global y lo local intentando limitar los conflictos entre los dos ámbitos, siendo la hospitalidad uno de los valores más necesario ante la exclusión del otro, dentro y fuera de las fronteras.

Para cerrar estas brechas provocadas por el COVID-19, será necesario también una lucha contra el paro, además de una economía basada en la hospitalidad, que respete la justicia y favorezca el trabajo y la riqueza común. El trabajo no solo se encarga de producir cosas y dar satisfacciones materiales a los trabajadores, otorga una dimensión ética del ser humano. Para conseguir esa justicia social en nuestro mundo globalizado, es necesario el acceso al trabajo digno.

El trabajo incide en todos los aspectos de la vida, nos realiza como personas y nos dignifica, pero también puede ser una fuente de explotación y de injusticias. El trabajador no es un "recurso humano", ni "mano de obra", no se puede reducir el trabajo o mero valor económico, ya que se "cosifica" a la persona. La experiencia demuestra que un trabajador rinde más, cuando se le trata bien, no como meros instrumentos productivos. El primer valor del trabajo no es la producción es la persona misma, lo que conlleva importantes implicaciones éticas.

El ser humano es el sujeto del trabajo y no una mercancía, con lo que el trabajo debería ser un bien social. La respuesta al deterioro del trabajo y de los derechos de los trabajadores en el contexto de la globalización, es el trabajo decente. Una reivindicación mundial, no solo nacional, es un desafío para los dirigentes políticos y las empresas de cara al futuro. Significa contar con un trabajo que sea productivo y que, de lugar a un ingreso digno, seguridad y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal.

Para ello, serían necesarios tres aspectos consustanciales a un trabajo decente, como son la dignidad humana, la solidaridad, la seguridad y la justicia social. Para desarrollar un trabajo decente, es un imperativo desarrollar políticas nacionales y globales, basadas en una convergencia entre las políticas económicas y sociales que favorezcan adecuadas tasas de crecimiento sustentables e inversiones intensivas en empleos productivos, dentro de una globalización justa. Debemos seguir avanzando en justicia social para eliminar brechas y desigualdades, más allá de este Ingreso Mínimo Vital, es seguir avanzando y desarrollando los derechos sociales, pero la crisis nos ha demostrado que es muy necesario también, el acceso a la vivienda para todos y al trabajo con dignidad.