Prórroga del Estado de Alarma

Como desde hace dos meses, la crónica política resulta monolítica y la actividad parlamentaria se centra, exclusivamente, en refrendar el Estado de Alarma desde la primera vez que fue decretado por el Gobierno, el 14 de marzo y que, actualmente ya lo ha sido en cuatro ocasiones, es decir, hasta el 24 de mayo; la convalidación de los Decretos-Leyes sobre medidas económicas y sociales dictados por el gobierno debido a la extraordinaria y urgente necesidad motivada por la completa paralización de sectores económicos muy importantes para el crecimiento del Producto Interior Bruto y, por ende, de la Renta Nacional y de la Renta Disponible y las sesiones de control al gobierno, que más que control se han convertido en enfrentamientos dialécticos teñidos de una agresividad verbal inusitada, con insultos y descalificaciones cainitas jamás conocida en las cuatro décadas de democracia parlamentaria en España desde la transición de la dictadura franquista al Estado de Derecho Constitucional actual.

Desde el inicio de la declaración de emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, en nuestro país se ha utilizado el recurso constitucional (Estado de Alarma) con el que contamos para estas situaciones en las que está plenamente justificado limitar la libertad de movimientos de los ciudadanos, confinar a la población y paralizar la actividad económica para salvar un bien superior que es la vida y la salud de los ciudadanos. De hecho, el objetivo principal de prevenir y evitar una epidemia generalizada que pudiera lesionar o poner en peligro la vida y la integridad de millones de españoles, se está consiguiendo. Se han infectado y han fallecido muchísimas personas (llevamos más de 26.000 muertos en estos dos meses), pero han sido infinitamente menos que si no se hubiera decretado este Estado de Alarma que, por otra parte, está teniendo unos efectos secundarios dramáticos en la economía nacional, pero tiene que ser asumible por una situación de Estado de Necesidad; muy pocos lo discuten, porque salvar la vida de las personas es la primera obligación de un Estado que se defina como Social y Democrático de Derecho, que está al servicio del ser humano, su dignidad y sus derechos inalienables. El Estado de Alarma no puede perpetuarse en el tiempo, por supuesto; por ello, para su aplicación deben respetarse escrupulosamente los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Mientras siga habiendo un número elevado de contagios (y de momento los sigue habiendo aunque hayan descendido considerablemente) parece necesario acudir a esta medida constitucional, sí, pero también extraordinaria.

Por estos motivos expuestos, resulta incomprensible que el principal partido de la oposición, que ha sido partido de gobierno y, probablemente lo volverá a ser con el tiempo, no haya apoyado esta cuarta prórroga del Estado de Alarma, cuando sí apoyó las tres anteriores. De Vox, formación genuina de extrema derecha, no me extraña que no la apoyen porque sus dirigentes (mujeres incluidas) demuestran poseer más testosterona que neuronas y la lógica autoritaria que profesan no admite ni reflexionar con crítica constructiva ni pensar de otra forma que el directorio dirigente. "Calumnia, que algo queda", esa es la máxima de PP y Vox ante la gestión de la pandemia, porque creen que poniendo zancadillas, creando discordias y enfrentamientos y lanzando bulos a la opinión pública, se puede convertir en la alfombra roja que los lleve al poder. Esta situación me recuerda la famosa cita que Marco Aurelio (emperador romano entre los años 161 y 180 de nuestra era y conocido como "El Sabio") pronunció precisamente en un momento en que Roma estaba siendo asolada por la "peste Antonina" y el enfrentamiento entre las gentes y las instituciones de gobierno eran constantes: "la destrucción de la inteligencia es una peste mayor que la infección que nos rodea".

Casado, el filibustero de guardia -como bien lo ha definido Iñaki Gabilondo en su alocución radiofónica diaria- y la postura del PP se han quedado en fuera de juego y en esta ocasión no han recibido el apoyo de sus socios en varias Comunidades Autónomas (Ciudadanos), que han demostrado tener un sentido común más acorde con las circunstancias que estamos padeciendo los ciudadanos españoles.

Ese desencuentro entre PP y Ciudadanos va in crescendo y el último espectáculo vergonzoso lo están protagonizando en la Comunidad de Madrid, donde las discrepancias con la mendaz presidenta Díaz Ayuso, son más que evidentes. La obsesión de la presidenta por pasar a la fase 1 de la desescalada (cuando los criterios técnicos y médicos no lo aconsejan, hay que recordar que más de un tercio de infectados y fallecidos por la pandemia lo han sido en esta región) impulsada más por presiones económicas que de salud de los ciudadanos, está siendo enfermiza y es un personaje que culpa a todos los demás de las consecuencias de su incompetencia política. Su ego personal y su inquina patológica hacia el gobierno central (como le ocurre a Casado y a los dirigentes actuales del PP) la delatan constantemente. Por supuesto que se han cometido errores de gestión por parte del gobierno, como estoy seguro que hubiera pasado si hubiera habido otro gobierno diferente y como también ha ocurrido en países de nuestro entorno atenazados por la pandemia. Pero una cosa es eso y otra bien diferente intentar atribuir al ejecutivo central hechos que de ser ciertos (manipulación intencionada de datos o incluso el delirio de acusar al ejecutivo de aplicar una "eutanasia feroz" en las residencias de ancianos) constituirían delitos graves y no sólo cometidos por imprudencia, sino de forma dolosa y sólo con la intención de derribar al gobierno y hacerse con el poder.

No obstante, las consecuencias de estas decisiones del gobierno de la Comunidad de Madrid pueden ser poco edificantes para el PP. Casado sabe perfectamente que si cae Ayuso, será como la ficha de dominó que provocará la caída de otras presidencias autonómicas, como la de Castilla y León, y eso sería el fin de la vida útil de Casado al frente del PP.