Más de un centenar de personas en riesgo de exclusión reciben ayuda municipal en Salamanca
Actualmente están siendo atendidas 117 personas, de las que 65 son menores
El Programa de Apoyo Familiar para la Protección a la Infancia del Ayuntamiento de Salamanca ha atendido a más de un centenar de personas en riesgo de exclusión social, desde la declaración del Estado de Alarma, el pasado 14 de marzo. En concreto, actualmente están siendo atendidas 117 personas, de las que 65 son menores.
Todas ellas, reciben un servicio de seguimiento semanal, que en estas circunstancias excepcionales se lleva a cabo de forma telefónica, excepto en las situaciones de crisis.
La atención a estas personas se lleva a cabo por parte de un equipo multidisciplinar, integrado por dos psicólogas y cuatro educadoras de familia, que actúan en coordinación con las Secciones de Protección a la Infancia de la Gerencia de Servicios Sociales y con los Equipos de los Centros de Acción Social o CEAS municipales.
A través del seguimiento telefónico, los técnicos detectan las necesidades de las familias, especialmente las relativas a alimentación, limpieza, suministros, atención sanitaria, apoyo educativo y necesidades económicas, activándose los recursos necesarios para proporcionarles la ayuda que precisen.
Además, ofrecen una atención de escucha activa y proporcionan apoyo psicológico y emocional, evalúan la evolución de las relaciones de convivencia y valoran las dinámicas familiares, planteando pautas y rutinas positivas para sobrellevar el confinamiento.
También elaboran documentos y guías sencillas para proporcionar información sobre la prevención del contagio del virus y pautas para la convivencia continuada.
El Programa de Apoyo a Familias es un programa de carácter educativo y psicosocial que tiene la finalidad de orientar y apoyar a familias en situaciones de especial vulnerabilidad y/o con menores en situación de riesgo o desamparo, a través de intervenciones psicológicas, educativas y sociales.
El objetivo de este programa es posibilitar que niños y niñas puedan permanecer o retornar a su familia de origen con suficientes garantías de que su seguridad e integridad están salvaguardadas y sus necesidades básicas se encuentran satisfechas.