Los papeles del Archivo: el litigio de nunca acabar

El conflicto por los papeles del Archivo de Salamanca se remonta a la época de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno de España. En enero de 2007 salen del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca los primeros legajos con destino a Cataluña. Desde ese instante se recrudece la polémica entre Castilla y León y Cataluña iniciada años antes y salpicada por multitud de recursos en los tribunales. Esa batalla finaliza en el año 2013 cuando el Constitucional desestima el recurso presentado por la Junta de Castilla y León contra la ley que ampara la devolución de los papeles a la Generalitat tumbando la tesis del expolio argumentada desde Castilla y León. Tanto desde el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera como desde el Ayuntamiento de Salamanca siempre se argumentó que muchos de los documentos devueltos a Cataluña no cumplía los requisitos establecidos en la ley que regula esa devolución.

A la pugna judicial se sumó la batalla de las calles y las instituciones. Por un lado Cataluña crea la Comisión de la Dignidad y comienza a fomentar las protestas ciudadanas a favor de la devolución de los papeles incautados durante la Guerra Civil. A cientos de kilómetros de distancia, Salamanca decide también salir a la calle alentada por sus políticos y protagonizar multitudinarias protestas ciudadanas contra lo que entiende es un atentado a la unidad, primero del archivo y después del propio país. Un secesionismo de legajos como anticipo de lo que vendría después.

Poco a poco, y en medio de ese conflicto, va emergiendo una figura capital en la defensa a ultranza de los papeles; la del historiador Policarpo Sánchez que, como estudioso e investigador, presencia de primera mano los escarceos iniciales de la salida de papeles y toma la decisión de posicionarse contra lo que siempre ha considerado un abuso por parte de Cataluña. No duda en colocarse al frente de las protestas al fundar la asociación Salvar el Archivo, desde la que batalla contra lo que entiende es una apropiación ilegítima de papeles que rompe la unidad archivística y se basa en una interpretación torticera de la ley que lleva, denuncia, a cometer excesos y hacer desaparecer de Salamanca más documentación de la que realmente le correspondería a Cataluña.

Entre las múltiples acciones llevadas a cabo por la asociación que preside Sánchez destaca la querella criminal contra el Ministerio de Cultura por dejación de competencias en la protección del patrimonio histórico coincidiendo con las últimas elecciones generales; una acción que valió la acusación del gobierno de querer intoxicar la campaña electoral.