La Diputación de Salamanca aprueba el nuevo plan de carreteras municipales
Un momento del pleno
En esta ocasión, tal y como han apuntado los portavoces de las distintas formaciones políticas, las ayudas de tres millones de euros servirán a los ayuntamientos de la provincia a arreglar carreteras asfaltadas de titularidad municipal que no se encuentre
El Pleno de la Diputación de Salamanca ha aprobado, con el voto a favor de todos los grupos, la segunda edición del plan provincial de carreteras municipales, que contará inicialmente con un presupuesto de tres millones de euros.
En esta ocasión, tal y como han apuntado los portavoces de las distintas formaciones políticas, las ayudas servirán a los ayuntamientos de la provincia a arreglar carreteras asfaltadas de titularidad municipal que no se encuentren en buenas condiciones.
Como novedad, las aportaciones de la Diputación por obra serán de un máximo de 15.000 euros por kilómetro y de hasta l60.000 euros por proyecto (en la pasada convocatoria el máximo de subvención era de 10.000 por kilómetro y 40.000 euros en total).
Además, las entidades locales tendrán que aportar un diez por ciento en el caso de municipios menores de 500 habitantes, un 15 por ciento en los de menos de 1.000, el 20 por ciento en los de hasta 5.000 y un 30 por ciento en los de mayor población.
En cuanto a los criterios para aprobar los proyectos, la Diputación tendrá en cuenta los municipios no atendidos en el primer plan --dotado finalmente con 2,6 millones--, el estado del firme, y la necesidad o idoneidad de las vías.
También, los técnicos valorarán aspectos como que las carreteras sean única conexión entre un núcleo de población y la red de carreteras; las vías que reduzcan la distancia entre municipios y entre núcleos de población dentro del mismo término; y "la idoneidad funcional", como puede ser la cercanía de centros escolares, médicos u otro tipo de interés.
La convocatoria se hará oficial de forma inminente y los municipios podrán solicitarla una vez publicadas las bases, hasta el 15 de noviembre de 2019, dentro de una propuesta que ha contado con una enmienda, presentada por el Grupo Popular.
Esa modificación al texto inicial, que ha contado también con el respaldo del resto de partidos, ha sido la ampliación del plazo, de tres a seis meses, para que los técnicos puedan estudiar y proceder a la resolución de los proyectos.