La corrupción como dopaje

La Comunidad de Madrid se ha convertido en el centro de gravedad de las prácticas corruptas más abyectas conocidas en España en los últimos años. La mayoría de los presidentes que ha tenido la región, del PP, han sido imputados (ahora investigados) y algunos han estado privados de libertad por ello en esos centros penitenciarios que, por otro lado, inauguraron en su momento.

Todo esto podría ser historia si hubiera habido una regeneración adecuada; algo que no se ha producido porque los aventajados alumnos de los que idearon y elaboraron las prácticas corruptas siguen en la jerarquía del PP y en las más altas instituciones de gobierno. El actual presidente del PP y líder de la oposición, Pablo Casado y la presidente de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, han crecido políticamente con el alimento tóxico suministrado por la lideresa Esperanza Aguirre. Esta semana hemos conocido que el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón ha dictado un auto en el que, según las investigaciones realizadas, el PP de Esperanza Aguirre desvió fondos de los madrileños destinados a construir hospitales y centros de salud (3,07 millones de euros) para financiar campañas electorales del PP, entre otras irregularidades que se acreditarán en el juicio. Un auténtico escándalo.

Por otro lado, la actual presidente, Díaz Ayuso, también está inmersa en otros posibles casos de corrupción. Como sabemos, sus padres recibieron un crédito de Avalmadrid (entidad semipública dependiente de la Comunidad de Madrid) que no ha sido devuelto y los padres de la presidente, ante la quiebra de los negocios para los que había recibido el crédito, le hicieron a ésta una trasmisión patrimonial de bienes con los que debía responder ante el impago del préstamo. Si Díaz Ayuso era conocedora de los hechos, como así parece, reconocido incluso por ella en una entrevista, habría una posible participación de la presidente en un presunto delito de alzamiento de bienes.

A pesar de esta situación, conocida ya cuando se avaló la investidura de Díaz Ayuso como presidente de la Comunidad, apoyaron su designación PP, Ciudadanos y Vox. De Vox era de esperar, pero de Ciudadanos -que va de adalid de la transparencia y la regeneración- no tanto, puesto que, además, el partido más votado en las elecciones autonómicas fue el PSOE y lo más lógico desde el punto de vista democrático era que hubieran apoyado a Ángel Gabilondo como presidente. No vale ahora que el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, diga que apoyarán la comisión de investigación que se constituirá en el parlamento regional sobre Avalmadrid y las presuntas irregularidades detectadas, entre las que se encuentra el oscuro asunto del crédito concedido a los familiares de Díaz Ayuso y la participación de ésta en el caso. Si estos datos se conocían en el momento de la elección de Díaz Ayuso por el parlamento regional, Ciudadanos no debió apoyarla y, en cambio, lo hizo. Por tanto, la formación naranja es también participe de esta nueva corrupción política que está aflorando y que afecta directamente a Díaz Ayuso.

Pienso que la estrategia de Ciudadanos es ruin y cortoplacista, cegada por el poder, dado que son conscientes de que, más tarde o más temprano, dejarán caer a la presidente. Entonces Aguado se erigirá en regenerador y, o bien apoyará a otro candidato del PP o se postulará para que -dada la podredumbre de corrupción que afecta al PP madrileño- lo apoye PP y Vox como futuro presidente de la Comunidad. Incluso se atrevería a pedir el apoyo de PSOE y Mas Madrid en aras a ese disfraz de transparencia y regeneración que sabe muy bien enfundarse la formación de Albert Rivera. No sé qué pensarán personajes tan relevantes y con una integridad ética y política perfectamente contrastada como Fernando Sabater, Maite Pagaza o Javier Nart sobre el apoyo de su partido, Ciudadanos, a Díaz Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid o sobre el apoyo que ambos partidos, PP y Ciudadanos han recibido de los ultraderechistas de Vox, formación sin la cuál no gobernaría el PP en las comunidades de Andalucía y Madrid o en el ayuntamiento de la capital de España.

Si todas las acusaciones que formula el juez García Castellón contra el PP resultasen probadas, quedaría acreditado que dispusieron de fondos adicionales y extras en varias confrontaciones electorales que, por cierto, ganaron; es decir, en argot deportivo, acudieron dopados. Si esto se confirma, ¿le hará la justicia penal al PP lo que la justicia deportiva hizo a Ben Johnson, Lance Armstrong o Alberto Contador, que además de desposeerlos de títulos ganados por ingerir sustancias dopantes, les sancionaron con la imposibilidad de competir durante varios años? ¿se disolverá el PP y, por tanto, se gestará un nuevo partido político que lo sustituya?