La Junta y las OPAs analizarán la situación de la cosecha al margen de la Mesa de Sequía

El Consejero, en funciones, de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez, se reunirá la próxima semana con las organizaciones profesionales agrarias para analizar la situación de la campaña de cereal, pero fuera de la Mesa de la Sequía.

"Trataremos de buscar fórmulas para compensar los daños, contando ya con datos firmes" aseguró el máximo responsable del sector primario de la región, que destacó que entre las medidas que se van a poner sobre la mesa esta el incremento del adelanto de la PAC de 2019 hasta el 70% del total, pagadero a partir del 16 de octubre; así como una mayor flexibilidad en los requisitos obligatorios a cumplir con el agricultor para percibir tanto las ayudas directas de la Política Agraria Común como las Agroambientales vinculadas a los Programas de Desarrollo Rural.

Además, quiso destacar que el sistema de seguro es la mejor forma de prevenir los perjuicios que derivan de la sequía. De ahí que abogara por consolidar el sistema de seguros agrarios.

RECURSO

Además, Suárez Quiñones que también es responsable de la cartera de Medio Ambiente quiso señalar que la Junta de Castilla y León recurrirá al Supremo la anulación de dos artículos de la Ley de Prevención Ambiental ya que consideró que "van en contra" de los intereses de Castilla y León como el establecimiento de empresas en el medio rural.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró hoy en Valladolid que la Junta recurrirá al Tribunal Supremo la anulación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) de dos artículos y el anexo del decreto que modificó el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental en relación con determinadas industrias agroalimentarias. No en vano, consideró que ambos decretos son "correctos" y los preceptos son conforme a la ley, además de apostar por el futuro de los pueblos y la economía rural, que están "por encima de todo".

Suárez-Quiñones subrayó que no es "razonable" ni "lógico" que las pequeñas explotaciones ganaderas o industrias agroalimentarias se sometan a los mismos requisitos de autorización ambiental previa que supone prolongar en el tiempo la iniciativa empresarial a largo plazo.