Bebés robados en España. Un grave problema que no se resuelve

Alberto Calogero

Activista por los Derechos Humanos

Cuál fue el modus operandi

El modus operandi se repite en la mayoría de los casos: matrimonios que no podían tener hijos se ponían en contacto con personas que les podían conseguir uno. En un primer encuentro concretaban la cuantía económica y la forma de entrega del bebé. En algunos casos, les decían que fingieran el embarazo colocándose un cojín en el abdomen, también les pedían que simularan náuseas en presencia de conocidos y vecinos. Después, les atendía una matrona o auxiliar de enfermería que falsificaba, también previo pago, el certificado de alumbramiento, y con él acudían al registro civil donde inscribían al bebé como propio. Casi siempre había religiosos implicados. Uno de los nombres más sonados ha sido siempre el de Sor María, que murió a los tres días de ser citada a declarar. Esta monja dijo en alguna ocasión que eran niños "que habían nacido en pecado" por lo que se los entregaba a los matrimonios que ella consideraba "oportunos". La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, ANADIR, apunta directamente a varias clínicas donde se llevaba a cabo esta práctica.

Según el abogado Enrique Vila, entre 200.000 y 300.000 personas podrían vivir bajo esta sombra. Casos que hunden sus raíces en los últimos coletazos del franquismo y ven la luz ahora, cuando sus protagonistas están descubriendo que su familia no es la que creían. Sus relatos descubren tramas de película: intercambios de niños por dinero a plena luz del día, bebés que salían del paritorio tras haber sido dados por muertos, matronas que falsificaban actas de alumbramiento.

Vila lleva diez años investigando este tipo de casos. Comenzó representando a adoptados en busca de sus orígenes y así descubrió que muchos figuran como hijos naturales en su partida de nacimiento, a pesar de que sus propias familias les han contado que no lo son. ¿Quién falsificó sus papeles? ¿Qué irregularidades se esconden detrás? Asegura que entre un 10 y un 15% de sus representados se encuentra en esa situación. Según sus cálculos, en España habría unos 2.000.000 de adoptados nacionales, por lo que, si extrapolamos esa variable, entre 200.000 y 300.000 casos serían ilegales. Tras comprobar que sus álbumes familiares reflejaban una realidad falsa, las víctimas de estas tramas rompen su silencio y reclaman justicia.

14 éxitos entre 5.000 casos

De las 5.000 personas que han recurrido a su asociación desde 2008, sólo catorce han encontrado al hijo que buscaban. Y ha sido por el empeño de las familias, no por intervención de la Justicia. Las primeras denuncias llegaron a la Audiencia Nacional en 2008. Desde entonces más de 1.800 casos han pasado por los juzgados, pero un 40% han sido archivados, la mayor parte porque no había pruebas o se consideraba que habían prescrito. Por eso, desde las asociaciones piden a las familias que han visto su denuncia archivada que vuelvan a tramitarla para que se revise "bajo esta nueva sensibilidad".

Para los abogados, es necesario que se condene al ginecólogo que estaba al frente de la clínica que con solo diez habitaciones atendía gran cantidad de partos, pues aseguran que era el médico de una institución pública llamada Patronato de Protección de la Mujer, y se derivaban a su clínica todos los partos que quería. Pues si Vela es juzgado, se creará jurisprudencia, "y a partir de ahí cualquier caso se puede abrir, se puede juzgar".