Descontando días hasta el 26-M

Concluida la tregua navideña, que ni siquiera ha sido tal, la cuenta atrás hacia la triple -si es que a Pedro Sánchez no le acaba dando porque acabe siendo cuádruple- convocatoria electoral del 26 de mayo está definitivamente lanzada. Los cuatro meses y medio que restan son de pura y dura precampaña electoral. La Legislatura autonómica está prácticamente liquidada; el mes de enero prácticamente no hay actividad parlamentaria y el 1 de abril las Cortes quedarán oficialmente disueltas al convocarse las elecciones autonómicas del 26-M.

En esta coyuntura los partidos se enfrentan simultáneamente a un doble frente, ya que tienen que intensificar su presencia pública en la precampaña al mismo tiempo que abordan el costoso proceso interno de completar sus carteles electorales. Porque a fecha de hoy, aparte de los candidatos a la presidencia de la Junta (y no en todos los casos) y a las alcaldías de los principales ayuntamientos (sólo PP y PSOE), faltan por completar todas las candidaturas tanto a las elecciones municipales como a las autonómicas. Y queda por oír mucho crujir de dientes.

De momento, el candidato a la presidencia de la Junta y presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, va a reunir en los próximos días a los candidatos a las alcaldías de las nueve capitales a fin de escenificar un cierre de filas con el que quitarse el mal sabor de boca que dejaron los dos abruptos "dedazos" con los que Pablo Casado se despachó en Palencia mientras giraban los bombos del sorteo del Gordo.

Ciudadanos, partido que, salvo un nuevo vuelco del actual equilibrio de fuerzas, está llamado a jugar un papel determinante a la hora de decantar el signo político del próximo gobierno de la comunidad y de gran parte de los principales ayuntamientos, ha llegado al mes de enero sin tener elegido ningún candidato a nada. Y ni siquiera se conoce el calendario del proceso de elecciones primarias al que teóricamente -que se lo cuenten a Manuel Valls o Luis Garicano- deben someterse sus candidatos. Sobre su cartel electoral a la presidencia de la Junta, me remito a las conjeturas expuestas aquí a mediados de diciembre, que se extendían a una terna de posibles candidatos: Luis Fuentes, Francisco Igea y Pablo Yánez.

El efecto arrastre que tienen las candidaturas municipales sobre las urnas autonómicas puede constituir un importante hándicap para Ciudadanos, partido que, por mucho que le sonrían los sondeos, sigue teniendo una precaria implantación territorial. Ese puede ser su gran talón de Aquiles, máxime cuando en la lucha por captar candidatos municipales desencantados con el PP se está encontrando con la dura competencia de Vox, que sin apenas hacer ruido podría llegar a completar mayor número de listas que la formación naranja. Y no se olvide que ello repercute directamente en la composición de las Diputaciones provinciales, que es otra de las cuotas de poder -y no la menos importante- en juego el próximo 26-D.

Izquierda desunida.- Pero sin duda es a la izquierda del PSOE donde la confección de las candidaturas municipales se presenta más problemática. La confluencia entre Podemos e IU, ya de por sí dificultosa, se ha complicado aún más tras el descalabro sufrido en las elecciones andaluzas, que ha venido a ratificar lo ya detectado en las generales de 2016, esto es, que algo falla cuando una alianza en lugar de sumar resta. Y a ello hay que añadir el desigual punto de partida de la negociación, en la que el partido morado esgrime una superioridad en el ámbito autonómico (10 procuradores frente a uno) que no es trasladable a la esfera municipal, donde su situación es absolutamente precaria frente a la fortaleza mostrada por IU en las anteriores elecciones municipales.

Podemos, que ya ha realizado sus primarias autonómicas, reeligiendo a Pablo Fernández como candidato a presidir la Junta, no quiere oír hablar de primarias conjuntas para elegir las listas resultantes de la pretendida confluencia. Por su parte, el sector de IU crítico con Alberto Garzón (y por ende aquí con José Sarrión), personalizado en Castilla y León por el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, no quiere saber absolutamente nada del partido de Pablo Iglesias. Y para acabar de enredar la madeja, tras la sonora bronca entre Gaspar Llamazares y la dirección federal, la corriente Izquierda Abierta, que tiene presencia en la comunidad, está a medio paso de escindirse y quedarse en Actúa, el partido promovido por el propio Llamazares en compañía de otro Garzón, éste de nombre Baltasar y ex juez de profesión. Todo lo cual no resulta nada baladí, sobre todo en el ámbito municipal, empezando por el ayuntamiento de Valladolid, donde a priori la suerte del actual alcalde, el socialista Óscar Puente, dependerá de que el PSOE y las fuerzas situadas a su izquierda vuelvan a sumar mayoría absoluta frente a una eventual alianza de la tripartita derecha.

Mientras tanto el año ha comenzado en Castilla y León sin Presupuestos de la Junta porque así lo ha decidido -para mayor comodidad de sí mismo y de la consejera de Economía y Hacienda y nueva candidata a la alcaldía de Valladolid, Pilar del Olmo- Juan Vicente Herrera, el presidente del gobierno zombi de la comunidad. ¿O es que acaso alguien cree que Herrera se hubiera refugiado en esta nociva prórroga presupuestaria si optara de nuevo a la presidencia?

Tiempo habrá de hacer detallado balance de sus 18 años, se dice pronto, al frente del gobierno autonómico, pero el final de su mandato no puede estar siendo más penoso. Solo un par datos bastante elocuentes. El desplome demográfico iniciado hace nueve años arroja hoy un saldo de 154.357 habitantes menos, aproximadamente el volumen de población de toda la provincia de Segovia. Y durante el mismo periodo la deuda pública de la comunidad casi se ha cuadruplicado, al pasar de los 3.227 millones de 2010 a los más de 12.500 con los que se cerrará el ejercicio de 2018.

Sumo y sigo. El Tribunal Superior de Justicia acaba de tumbar el catálogo de puestos del personal de la Junta de Castilla y León, dejando al descubierto el descarado clientelismo que ha presidido la nefasta política del gobierno Herrera en materia de Función Pública. Un descalabro éste que el consejero de la Presidencia, De Santiago-Juárez, añade al estrepitoso fracaso de los pretendidos mapas rurales de la Ordenación del Territorio, que han encallado definitivamente en el Parlamento autonómico. Y qué decir de la Sanidad pública, que, con el impertérrito consejero Sáez al frente, ha seguido y sigue deteriorándose ante la impasibilidad del gobierno zombi, que, al desoír la multitudinaria manifestación celebrada hace un año, ha provocado la convocatoria de una "marea blanca" regional que a buen seguro volverá a inundar las calles de Valladolid el próximo 26 de enero.