Un presunto fraude en la tramitación de permisos de Industria afecta a 150 empresarios salmantinos
Delegación de la Junta en Salamanca
Gestionaban proyectos para la apertura de sus negocios que no eran inscritos en la Junta , a pesar de que en los originales figuraban el sello de la Administración autonómica y un número de registro
Una funcionaria de la Delegación de la Junta de Castilla y León en Salamanca se encuentra suspendida de empleo y sueldo, de manera provisional, hasta que el Juzgado se pronuncie sobre el presunto fraude en la tramitación de permisos de Industria.
Según publica El Norte de Castilla se trata de "B. J., jefa de sección en el servicio de Industria" y en la presunta trama también estaría implicado "su hermano, un ingeniero superior, al que los afectados encargaban los proyectos para la apertura de sus negocios".
Sin embargo, no eran "ni visados, ni registrados en la Junta, a pesar de que en los originales figuran el sello correspondiente de la Administración autonómica y un número de registro". Esta situación daba lugar a problemas posteriores cuando la Administración realizaba inspecciones o algunos empresarios comprobaban que su negocio no existía para la Junta.
El delegado territorial de la Junta, Bienvenido Mena, ha confirmado este jueves que hay 150 empresarios afectados, aunque la situación afecta a 300 instalaciones. Además, están abiertos 14 expedientes por irregularidades en este tipo de instalaciones.
Por otra parte, explicaba que las primeras denuncias por el presunto fraude de esta funcionaria, relacionado con la inscripción instalaciones industriales, se realizaban el 30 de abril. La investigación de la Delegación confirmó esa situación y dio cuenta a las consejerías de Presidencia y Economía y Hacienda, que realizaron una inspección, tras la que se elaboraba un informe, que el 31 de julio se comunicaba a la Fiscalía.
Además, la Junta de Castilla y León se ha personado en la causa como acusación particular, al considerarse una "administración gravemente perjudicada". "La Junta ha actuado con la mayor diligencia posible, nada más conocer la denuncia de los sindicatos, queremos transparencia en todos los ámbitos y colaborar con la Justicia", concluía Mena.
Por otro lado, la Confederación de Empresarios CONFAES ha decido personarse en el procedimiento judicial instruido frente a esta técnico del Servicio Territorial de Industria, por estas presuntas irregularidades en la tramitación de diversos expedientes administrativos que afectan a varios sectores.
La decisión de la Confederación se debe a "las numerosas consultas de empresas que podrían verse afectadas por las actividades denunciadas".