El acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Podemos incluye el salario mínimo de 900 euros

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros y un aumento de presupuesto para el plan estatal de vivienda con mayor protección a los inquilinos y posibilidad de que los ayuntamientos regulen los precios del alquiler son algunos de los puntos del acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Podemos.

Según han informado fuentes cercanas a la negociación, el acuerdo entre el Gobierno y Podemos que hoy ultiman el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, con una nueva reunión en el Palacio de La Moncloa, incluye también la aprobación de los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, y mejoras para las ayudas en dependencia.

Uno de los puntos destacados del acuerdo es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros, aumento que en un principio Podemos exigía que llegara hasta los mil euros, mientras el Gobierno era partidario de dejarlo en 850.

Pedro Sánchez y el secretario general de Podemos se han aplicado a fondo en unas negociaciones que a un nivel inferior han protagonizado por un lado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y Pablo Echenique y los portavoces de las confluencias por el otro. Las conversaciones entre estas delegaciones se han sucedido a lo largo de la semana y han sido especialmente intensas este miércoles.

El apoyo de Unidos Podemos a las cuentas se daba por hecho el pasado viernes, cuando Iglesias anunció ante la plana mayor de su partido que el acuerdo se cerraría de manera inminente. No obstante, el lunes la formación morada denunció sentirse engañada con las propuestas que el Ejecutivo le había trasladado por escrito. Del sí a los Presupuestos, Unidos Podemos pasó a un no en cuestión de horas. Los podemistas remitieron un documento al Gobierno a modo de contrapropuesta en el que se exigía, entre otras medidas más gasto en dependencia, subida del salario mínimo o el abaratamiento de la vivienda.

Desde el Gobierno y el PSOE se interpretó la amenaza como un intento de última hora de Iglesias y los suyos para sacar más tajada. A la postre, unos y otros han tenido que ceder en beneficio de un acuerdo que tanto Gobierno como Unidos Podemos esperan sirva para garantizar la continuidad de la legislatura, al menos hasta finales del año que viene. Pero, para que esto suceda, a Sánchez e Iglesias aún les queda mucho camino por recorrer.

Presos políticos

El principal obstáculo para que los Presupuestos salgan adelante son las formaciones independentistas. Lo han dicho por activa y por pasiva. No apoyarán las cuentas salvo que el Gobierno inste a la Fiscalía del Estado a retirar la acusación de rebelión a los políticos huidos y presos por la causa del 'procés'. Ni siquiera ante la perspectiva de que, a cambio de su respaldo, puedan arrancar al Ejecutivo socialista una lluvia de millones para Cataluña.

Esta condición la volvió a poner este miércoles sobre la mesa el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ante Carmen Calvo. Ambos se encontraron anoche en Barcelona en la entrega de premios de la patronal Pimec y conversaron durante unos minutos. El mensaje de Aragonès fue contundente: «Nos reafirmamos: hace falta que haya movimientos de la acusación por parte del Estado en la causa en el Supremo o no es posible hablar de Presupuestos».

Que se pueda producir un giro en el guión al estilo del que todo apunta sucederá con Unidos Podemos parece improbable. Más aún tras la guerra abierta que desde hace semanas mantienen Junts per Catalunya y Esquerra, y que esta semana ha vivido sus cotas más altas. Ni Carles Puigdemont, que ahora controlan el grupo del PDeCAT en el Congreso, ni Esquerra quieren parecer ante el otro como unos vendidos a Madrid por su apoyo a los Presupuestos.