El Procurador del Común pide fomentar la detección de la dislexia en las aulas

El Procurador del Común, a través de una resolución del pasado 2 de mayo sobre la atención a los alumnos con dislexia, recomienda a la Consejería de Educación de Castilla y León, entre otras medidas, la elaboración de "un protocolo específico para la detección inicial de la dislexia en el ámbito educativo y la determinación del tipo de medidas referidas, muy especialmente, a la evaluación que ha de aplicarse al alumno con dislexia en la Comunidad de Castilla y León".

El Procurador del Común abordó de oficio la problemática que presentan los alumnos con dislexia, enfermedad catalogada por la OMS y que, a grandes rasgos, se define como un trastorno específico del aprendizaje de origen neurológico que, sin afectar a la inteligencia, se manifiesta a través de dificultades en la lectura, dificultades en la comprensión de lo que se lee, dificultades ortográficas y dificultades para la expresión escrita.

Los porcentajes de alumnos con dislexia resultan significativos, y los mismos han de ponerse en relación con las reivindicaciones de quienes representan al colectivo afectado para que el alumnado reciba, en el ámbito educativo, en un primer momento, la compresión de las dificultades que presenta su problemática y, en consideración a la misma, las adaptaciones que requiere el proceso de enseñanza y aprendizaje, en especial en cuanto a los aspectos relativos a la evaluación.

Con todo, a través de la oportuna resolución, se recomendó a la Consejería de Educación que se valorara la conveniencia de atribuir a la dislexia el rango de tipología específica, separada de otras dificultades específicas de aprendizaje, a los efectos de su inclusión en la aplicación ATDI (Atención a la Diversidad), en la medida que ello contribuya a dar una mejor respuesta al alumnado con dislexia; que, en la línea de lo ya proyectado por la propia Consejería de Educación, se elabore un protocolo específico para la detección inicial de la dislexia en el ámbito educativo.

También recomienda que se incida en la puesta en marcha de acciones formativas dirigidas al profesorado que tengan por objeto la problemática de los alumnos con dislexia; y que se mantengan los contactos de la Administración educativa con asociaciones o entidades que representen los intereses de personas afectadas por la dislexia en la Comunidad de Castilla y León, a los efectos de colaborar en la respuesta educativa que precisa el alumnado con dislexia, al margen de la participación que puedan estar teniendo ya en la elaboración del protocolo para alumnado con dislexia que pretende ponerse en funcionamiento.