El Procurador del Común recibe casi 3.900 quejas el último año, 275 de Salamanca

La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, ha inaugurado el pleno de las Cortes regionales, celebrado en la capilla de la Hospedería Fonseca, en el que el Procurador del Común ha dado a conocer el informe anual correspondiente a 2017 con un aumento del 35% de las quejas presentadas por los ciudadanos de la Comunidad.

Clemente ha dado las gracias a la Universidad "por la hospitalidad recibida para celebrar este pleno de las Cortes en Salamanca", contando también con el apoyo del alcalde de la ciudad y el resto de instituciones de la ciudad. Asimismo, ha recordado la presencia en el pleno de responsables de las organizaciones empresariales, sindicales y agrarias. Clemente ha hecho especial referencia al VIII Centenario de la Universidad que este año sitúa a Salamanca "en el punto de referencia nacional e internacional en el ámbito académico".

"Ocho siglos haciendo historia y creando futuro" ha dicho la presidenta durante la inauguración del pleno, incidiendo en el liderazgo de Salamanca en la Educación Superior "y su capacidad de atraer talento".

El informe anual del Procurador del Común ha sido el único punto del día del pleno en el que Javier Amoedo Conde, en funciones, ha dado a conocer las 3.888 quejas recibidas durante 2017, lo que supone 1.361 más que el año anterior. Un total de 3.548 fueron quejas individuales, 231 de colectivos y otras 91 de varios firmantes, "lo que implica que el número de ciudadanos que se quejan de la actuación de la Administración regional es superior al número de quejas" explicó durante el pleno el Procurador.

Amoedo Conde afirmó que se incoaron 21 expedientes de oficio por parte de la institución. De las casi 3.900 quejas, 2.712 fueron contra la Administración regional y 946 contra las administraciones locales, correspondiendo a Salamanca 275, quinta provincia por detrás de Zamora (744), León (583), Valladolid (359) y Burgos (296) y por delante de Palencia (218), Ávila (146), Segovia (139) y Soria (105).

El Procurador destacó el notable aumento de quejas contra la Consejería de Fomento y procedentes de la provincia de Zamora por el mal estado de la carretera de Porto.

Motivos de quejas

Familia: Dificultades de acceso a los recursos residenciales públicos o concertados para mayores; intervención de las administraciones en el caso de menores desamparados; demora en la tramitación de expedientes para personas con discapacidad, cuestionada la labor del servicio de intérpretes de lengua de signos española y discriminación de las personas con alzheimer.

Función Pública: las principales quejas corresponden a agravios comparativos de los profesionales sanitarios no asistenciales con los profesionales de Sacyl.

Educación: Quejas por acoso escolar.

Medio Ambiente: Ruidos causados por locales de ocio nocturno, así como ruido y contaminación por embarcaciones a motor de gasolina en embalses y lagos de la Comunidad. El Procurador del Común ha hecho referencia al expediente por la apertura de la mina de uranio de Retortillo, "resolución no aceptada ni por la Consejería de Medio Ambiente, ni por la de Economía".

Sanidad: Se han duplicado las quejas durante 2017, pasando de 85 a 172. El Procurador ha afirmado que, en la asistencia en las zonas rurales, "el número de tarjetas individualizadas no puede ser el único criterio a la hora de organizar los servicios".

Urbanismo: Quejas por la conservación y rehabilitación de inmuebles por parte de los ayuntamientos.

Vivienda: Insuficiencia del parque público de vivienda y quejas relacionadas con la prestación de la renta garantizada de ciudadanía.

Obras públicas: Las principales quejas de los ciudadanos se refieren al estado de conservación, acceso y mantenimiento de las carreteras.

Agricultura: Quejas por el retraso en los procesos de concentración parcelaria.

Interior: Denuncias por estacionamientos indebidos.

Hacienda: Quejas por el impuesto de transmisiones patrimoniales y al de sucesiones.

Tasas: Las mayores quejas de los ciudadanos de Castilla y León se refieren a la tasa reguladora del agua potable.

Fotos: Alejandro López