La Junta completa las ayudas al alquiler 2017 con un total de 11.160 beneficiarios
La Junta de Castilla y León ha atendido todas las solicitudes
En los próximos días, 1.945 beneficiarios que estaban en lista de espera recibirán el pago de sus ayudas por un importe de 2,8 millones de euros
Fomento y Medio Ambiente concluye la convocatoria de ayudas al alquiler 2017 con un total de 11.160 beneficiarios que recibirán ayudas por un importe medio de 1.315 euros, lo que ha supuesto en total 14.676.159 euros. Por segundo año consecutivo, todas las personas que finalmente han cumplido los requisitos de la convocatoria, han acreditado su situación y completado la tramitación han recibido ayuda.
En los próximos días, 1.945 beneficiarios que estaban en lista de espera recibirán el pago de sus ayudas por un importe de 2,8 millones de euros, que se suman a los 9.215 solicitantes que ya las cobraron el pasado mes de febrero, por un montante de 11,8 millones de euros.
Los resultados de la convocatoria de 2017 mejoran respecto a la anterior de 2016: aumenta la cuantía de las ayudas un 44 %, pasando de 10,1 millones de euros en 2016 a 14,6 millones en 2017; crece el número de beneficiarios atendidos, de 8.262 a 11.160; y se incrementa la cuantía media de las ayudas, de 1.228 euros a 1.315; también han mejorado los plazos de resolución, ya que en 2016 las ayudas iniciales se abonaron en febrero y marzo y la lista de espera, en junio, mientras que en 2017 se han pagado las primeras a principios de febrero y los últimos beneficiarios las percibirán en mayo.
La presente legislatura comenzó con una convocatoria extraordinaria en octubre de 2015 que dispuso de una línea de financiación de cinco millones de euros de los Presupuestos Generales de la Comunidad y que daba preferencia, en aquel momento, a quienes estuvieran incursos en un procedimiento judicial de resolución de su contrato de arrendamiento por impago de rentas, para ayudar así a aquellas personas con especiales dificultades para acceder a una vivienda. La convocatoria benefició entonces a 3.473 solicitantes y fue la primera que eliminó el requisito de tener al menos unos ingresos equivalentes a una vez el IPREM (532,51 euros mensuales, en cómputo anual con catorce pagas), pudiendo desde entonces concurrir a las ayudas aquellas personas que tuviera ingresos inferiores.
Los criterios de valoración a partir de entonces han dado preferencia a quienes tuvieran menos ingresos, a familias con mayor número de miembros y, en caso de empate, a aquellas con mayor número de menores de 14 años.
El Programa de Vivienda Social en Castilla y León es fruto de los Acuerdos de la Mesa del Diálogo Social y el fomento del alquiler es el eje prioritario sobre el que se viene sustentando la política de vivienda en esta legislatura, concretado en el mantenimiento y ampliación de las convocatorias de subvenciones al alquiler, con un apoyo decidido a las personas con rentas más bajas, como se ha materializado con la resolución de las sucesivas convocatorias.