Sanidad y Responsabilidad Social

La Ley General de Sanidad estableció las bases legales de nuestro Sistema Nacional de Salud que se ha tratado de desarrollar e implementar en las distintas Comunidades Autónomas; pero su crecimiento ha sido fragmentado y, no planificado y programado a nivel nacional por la falta de coordinación y de colaboración leal de sus representantes en el Consejo Interterritorial de la Salud. El resultado de esta dinámica, básicamente administrativa y burocrática, se pudo sobrellevar durante tres décadas por estar enmarcada en un contexto de crecimiento económico; pero la crisis ha puesto de manifiesto, grandes deficiencias y debilidades del Sistema Sanitario como Sistema Nacional de la Salud y, por tanto, es la hora de la Gestión Sanitaria si se quiere conseguir un sistema sostenible y, que ofrezca servicios de Calidad Asistencial y Seguridad al conjunto de los españoles. Además, se suma a este reto, la falta de previsión y planificación que ha existido frente a la cronicidad y los enfermos crónicos y/o pluripatológicos y, los frágiles y dependientes.

Las mareas blancas han aumentado en frecuencia y en distribución geográfica en nuestro país y, constituyen una evidencia de la insatisfacción poblacional con lo que viene ocurriendo en la Sanidad Pública, porque es ya muy evidente que su organización y gestión no responde adecuadamente a las necesidades y problemas prioritarios de los españoles y, porque su evolución se desvía del modelo sanitario que nos dimos por consenso. Además, muestra cada vez más debilidades y, no se hace frente a las amenazas al buen gobierno de nuestro sistema.

En un estado desarrollado la Salud y, su Sanidad se conciben como un pilar fundamental del Sistema Social y, éste tiene que ser tutelado por los poderes públicos con la obligación de prestar buenos servicios y prestaciones; sin mirar para otro lado ante los abusos, los malos usos y el uso innecesario por su financiación pública. La población empieza a ser consciente de su deterioro y que para mantener el modelo se debe tener una voluntad clara y diáfana sin equidistancias con los sectores que quieren entrar en el mercado de la Salud, dado que este supone una parte sustancial del PIB de cada Comunidad Autónoma. Los conflictos de interés entre lo público y lo privado deben detectarse, identificarse y prevenirse con voluntad clara y diáfana en base a la defensa del Sistema Sanitario como un sistema social que es necesario para el progreso económico y social del conjunto los españoles.

Por tanto, por responsabilidad social no se puede ni se debe hacer política ni mercadeo con la Sanidad, dado que se trata de un servicio social que hay que preservar para que los ciudadanos puedan desarrollarse y crecer con el esfuerzo necesario y del que sean capaces para vivir saludablemente en un país avanzado y moderno como el nuestro.

JAMCA