La libertad de expresión: un derecho amenazado en España

Autor: Jesús Piñuela

Activista por los Derechos Humanos

El pasado 1 de julio de 2015 entró en vigor la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Interior, en 18 meses el Estado ha recaudado 131 millones de euros con la Ley Mordaza. Las multas por "desobediencia o resistencia a la autoridad", "la negativa a identificarse" o "la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación" (artículo 36.6) ascienden a 10.196.817 euros.

Es especialmente significativo también el importante aumento del número de sanciones de 2015 a 2016 por "faltas de respeto y consideración" a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 37.4), el primer motivo de sanción referente a seguridad ciudadana. Si en los primeros seis meses de su entrada en vigor se pusieron 3.130 multas por un valor de 469.203, en 2016 se interpusieron un total de 19.497, por un importe de 3.006.761 euros. En total, se han impuesto 22.627 multas por valor de 3,47 millones de euros.

Otra de las medidas adoptadas por la Ley Mordaza es la discrecionalidad de los agentes en sus actuaciones por la presunción de veracidad que les otorga el ámbito adminisrativo (su testimonio está por encima del de la ciudadanía) y al poder de valoración que les atribuye esta ley. Con ello, se están produciendo situaciones insólitas de personas que son denunciadas por policías, no sólo en el marco de movilizaciones ciudadanas sino en muchos otros ámbitos, por motivos tan absurdos como no tratarles de usted, criticar la extralimitación de sus funciones o llevar una camiseta con una leyenda reivindicativa, por poner algunos ejemplos. En 2016 las sanciones por infracciones a la seguridad ciudadana, alrededor de 34.000, podrían ser sanciones a conductas amparadas por ejercer los derechos de reunión, expresión o manifestación.

También son alarmantes los casos de periodistas multados, lo que coarta el derecho de libertad de información. La Ley Mordaza es una de las armas utilizadas para cercenar la libre difusión de información, e incluso con sanciones a periodistas durante el ejercicio de su profesión. Se debe recordar que la libertad de información es una pieza básica e irrenunciable de los sistemas democráticos y, como tal, no puede tener más límite que los establecidos en los convenios internacionales y por los tribunales que los concretan.

Además, la Ley Mordaza recogió una disposición adicional (la décima) con el objeto de legalizar las expulsiones sumarias y colectivas, también llamadas "devoluciones en caliente" que muchas organizaciones han denunciando desde hace años. El pasado 3 de octubre de 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ratificó que son ilegales condenando a España por llevarlas a cabo. El gobierno debe detener de una vez esta práctica que tiene consecuencias terribles para los derechos humanos de las personas que intentan llegar a Ceuta y Melilla.

Pese a que la mayoría del actual Congreso se había comprometido a acabar con esta ley que vulnera numerosos derechos humanos, la Ley Mordaza sigue campando a sus anchas. El Congreso aprobó en noviembre de 2016 y enero de 2017 dos propuestas de reforma de dicha ley. Desde entonces, ha pasado ya más de un año y el proceso parlamentario se encuentra prácticamente paralizado o avanzando a un ritmo extremadamente lento.

Los ciudadanos no podemos seguir permitiendo que esto siga pasando, no sólo por el impacto que tiene sobre las personas sino también porque está obstaculizando el derecho de organizaciones y colectivos a protestar y expresar sus reivindicaciones, y esto a su vez implica un impacto muy preocupante en la defensa de los derechos humanos.