Stop Desahucios Salamanca alerta: el problema de los desahucios se traslada al alquiler

Desahucio, ejecución hipotecaria, dación en pago, cláusulas suelo... son algunas de las palabras, expresiones y términos que hemos incorporado a nuestro lenguaje cotidiano. Palabras que cuentan la crisis económica y financiera que diez años después sigue pasando factura a miles de familias. El estadillo de la burbuja inmobiliaria, la puesta en jaque del sistema financiero o el aumento vertiginoso del desempleo han tenido devastadoras consecuencias sociales. Miles de familias quedaron atrapadas en un contrato hipotecario al que no podían hacer frente por la falta de recursos.

La crisis destapó además la realidad de una obsoleta ley hipotecaria que no garantizaba la seguridad jurídica y proteción al consumidor. La dación en pago, o la entrega al banco de la vivienda en vez de devolver el préstamo y quedando así totalmente extinguido, fue incluida como una de las medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios en un Real Decreto aprobado en 2012. De hecho, a día hoy, la normativa hipotecaria española acumula un retraso de casi 2 años en la trasposición de la Directiva europea 2014/17/UE, que establece la normativa común para el sistema hipotecario europeo. Está previsto que en 2018 entre en vigor la nueva ley hipotecaria o Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario.

"Los desahucios han bajado, pero están aumentando los desahucios por alquileres", porque además están venciendo los contratos bancarios de alquileres sociales, alertan desde la Plataforma Stop Desahucios Salamanca tres de sus actuales miembros, Maribel González, Ana Isabel Pablos y Antonio Zúñiga. Las ejecuciones por impago de los créditos hipotecarios están dado paso a los lanzamientos sobre alquileres. Una consecuencia más de la crisis que constata que "la situación de pobreza no ha pasado y además la hemos normalizado", añaden.

En Salamanca a la "falta de trabajo" se suma que "los alquileres no son bajos" y la carencia de viviendas sociales en régimen de alquiler. El parque municipal de viviendas en alquiler asciende a 101 viviendas, ya que el Ayuntamiento mantiene 52 viviendas sin ningún tipo de renta para familias sin recursos (sólo abonan los gastos de los suministros de luz, agua y cuota de la comunidad), y otros 22 pisos de alquiler social (entre 50 y 100 euros) para los que tienen dificultades.

Esto contrasta con los datos de viviendas vacías, como subrayan desde Stop Desahucios. En Salamanca se calcula que hay 3.000, y en España la cifra se eleva hasta los 3,5 millones. En España hay 13.500 viviendas sociales, frente a 332.000 solicitudes.

Lucha por la vivienda digna

Stop Desahucios Salamanca, integrada en la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), es una plataforma ciudadana que inició su andadura hace 5 años, un ejemplo de ayuda mutua y compromiso en la lucha por la vivienda digna y en defensa de los abusos de las entidades financieras vinculados a las hipotecas. En estos años han atendido a más de 700 personas que han solicitado información o asesoramiento, y lo siguen haciendo (todos los lunes de 18 a 19 horas en los locales del Milagro de San José, en el Paseo de San Antonio) o por teléfono todos los días (646 96 07 34). "Se pueden solucionar las cosas", subrayan desde Stop Desahucios, no dudando en pedir ayuda "antes de que la situación les supere".

El descenso en los lanzamientos hipotecarios o desahucios desafortunadamente no confirma el final de la crisis. "La gente tiene que tomar conciencia" de que "sigue habiendo familias en situaciones muy difíciles. "Atendemos entre 4-7 personas todas las semanas, y ahora sobre todo por los alquileres". Desde la plataforma además denuncian que "hemos pasado de una situación en la que sí se podía negociar con los bancos, pero ahora mismo no hay interlocutores válidos y estamos teniendo muchas dificultades". "A base de mucha lucha y de salir a la calle se han conseguido muchas cosas", por eso no van a bajar la guardia, y seguirán exigiendo negociar a las puertas de las entidades bancarias que se nieguen a hacerlo con aquellos clientes que necesitan soluciones urgentes.

Desahucios en Salamanca

El número total de ejecuciones hipotecarias en Salamanca durante el tercer trimestre del año fue de 62, según datos del Consejos del Poder Judicial (CGPJ). A lo largo del año superan las 160. Datos correspondientes a la estadística sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales y que cifra en 4.063 el número tota de lanzamientos fruto de ejecuciones hipotecarias practicados en España en el tercer trimestre, un 18,7 % menos que en el mismo periodo de 2016, en tanto que los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) subió un 4,2 %, hasta 6.969. El total de lanzamientos practicados en el tercer trimestre de 2017 fue de 11.581, un 4,7 % menos que un año antes.

En 2016 se realizaron 63.037 desahucios en España sobre todo tipo de propiedades. La cifra máxima se registró en 2012, con 70.257 desahucios.

El derecho a la vivienda está recogido en la Constitución, artículo 47 (Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos). Pero curiosamente no es un derecho fundamental, sino que se considera uno de los principios de política social y económica.

¿Qué cambiará con la nueva ley hipotecaria?

El abaratamiento de las comisiones de cancelación anticipada y las limitaciones a cláusulas como la de reembolso anticipado son dos de las novedades que recogerá la nueva ley hipotecaria, cuya entrada en vigor está prevista para este 2018. También se abaratarán los costes, tanto en los nuevos préstamos como en los antiguos, para pasar del tipo variable al fijo. Se enducerán los requisitos de la ejecución hipotecaria y los intereses por retraso en el pago de las cuotas de la hipoteca no podrá ser superiores a tres veces el interés legal del dinero.

Más transparencia y protección del consumidor. Esto es lo que se espera de la nueva ley hipotecaria con medidas como la obligatoriedad de pasar dos veces por el notario antes de la firma de la hipoteca para que el consumidor reciba toda la información que marca la ley (incluida toda la información sobre las cláusulas o contenido sensible del contrato)o que los empleados de banca acredieten tener formación específica.