Innova pide a la Junta que amplie los plazos para solicitar las ayudas a la investigación

El pasado 12 de diciembre de 2017, la Junta de Castilla y León publicó las bases reguladoras de la convocatoria de las ayudas destinadas a financiar la contratación predoctoral de personal investigador. La convocatoria estaba próxima. Lo habitual es que después de este anuncio se publique la convocatoria en el BOE en el plazo de una o dos semanas y que el plazo de presentación de solicitudes comience durante el mes de enero, como ya ocurrió el año pasado, para evitar el periodo navideño en el que muchos centros permanecen cerrados o sin el personal necesario para firmar los documentos que se requieren para la solicitud.

Para nuestra sorpresa, la convocatoria se publicó en el BOCyL el 20 de diciembre de 2017. Solo ocho días después de que lo hicieran las bases reguladoras. Una premura que ya podría suceder cuando se trate de la resolución de las diferentes convocatorias, habitualmente aplazadas durante semanas. Pero no todo queda ahí. El plazo final para la entrega de solicitudes lo han establecido el 19 de enero de 2018. O lo que es lo mismo, apenas doce días después de que los centros universitarios reabran sus puertas tras las vacaciones de Navidad. Teniendo en cuenta que los centros cierran el día 23 de diciembre, los aspirantes a conseguir el ansiado contrato tendrán apenas unos quince días para la realización del mismo. Nos parece una auténtica irresponsabilidad.

Desde INNOVA-Salamanca pensamos que esta premura por sacar la convocatoria de los contratos pre-doctorales 2017 en esta situación, responde exclusivamente a una cuestión política. Con ello se pretende poder justificar que la convocatoria se ha producido dentro del año natural que correspondía. Aún entendiendo esa postura, creemos fundamental la reconsideración de los responsables de la Junta de Castilla y León en cuanto a los plazos establecidos. Bastante precaria es la situación de la investigación y de los jóvenes investigadores como para convertir la burocracia en un espigón más.

Y vamos más allá. Esta acción "magistral" se une a la realizada por el Gobierno de España con la convocatoria de los contratos FPU 2017. Parece que la nueva política de los gestores de la I+D en España y en Castilla y León consiste en una ausencia total de planificación. Poco puede avanzar la investigación del país con semejante situación. Hecho similar al que ocurre con la convocatoria de los contratos Ramón y Cajal, Juan de la Cierva-incorporación y Juan de la Cierva-formación 2017. En definitiva, otro golpe más a la nueva generación de españoles que intentan abrirse camino en la investigación. Otra paletada más de tierra sobre la tumba de la I+D española.

Sobre la base de lo dicho anteriormente, INNOVA solicita a la Junta de Castilla y León que recapaciten y amplíen el plazo de solicitud de las ayudas. Deseando además que la Universidad de Salamanca y todas las universidades de la Comunidad Autónoma se movilicen para conseguirlo, pues es algo que nos afecta a todos.