Amnistía Internacional pide que se garanticen los derechos a la libertad de expresión y...

Autor: Jorge Valle Álvarez

Activista por los Derechos Humanos

A pesar de que el ya conocido por todos como "tema catalán" lleva años salpicando los medios de comunicación, no ha sido hasta el pasado mes de septiembre cuando la decisión del Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de convocar un referéndum el 1 de octubre para que la ciudadanía catalana eligiese el futuro de Catalunya, ha terminado por romper el dique de contención que llevaba tiempo mostrando grietas y ha inundado de lleno la actualidad, manchando todo de fango y barro. Ciertamente no se habla de otra cosa (el debate ha saltado de los periódicos y la televisión y se ha instalado en las conversaciones entre amigos en bares y cafés, o incluso en el seno de las familias) y, dada la gravedad del asunto, cuesta focalizar la atención en otra cosa que no sea la independencia (o no) de Catalunya.

A nadie se le escapa que el Procés ha generado un clima de crispación y de nerviosismo social no solo en Catalunya, sino también en el resto de España, y ha generado por parte de las autoridades estatales y catalanas una respuesta que en ningún momento ha estado dirigida por el diálogo, la tolerancia y la necesidad de respetar la opinión del otro. Más al contrario, las actuaciones de nuestros gobernantes han amenazado los derechos a la libertad de expresión, reunión y manifestación, indispensables para que cualquier democracia goce de buena salud. Amnistía Internacional exige el cumplimiento de estos derechos y llama al entendimiento entre el Gobierno de España y la Generalitat catalana, que deben abandonar esta peligrosa escalada de tensión y apostar firmemente por la defensa de los derechos civiles de la ciudadanía española y catalana.

El caso de la suspensión por parte de un juez de un acto convocado por la plataforma 'Madrileñ@s por el derecho a decidir' el pasado 17 de septiembre en el centro cultural Matadero de Madrid, o también el del auto judicial que suspendió la charla de la diputada de la CUP Anna Gabriel en el centro cívico Aldabe de Vitoria, suponen una restricción sobre el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica que Amnistía Internacional considera desproporcionada, puesto que en ningún momento se han visto vulnerados la seguridad nacional, el orden público o la salud y la moral públicas. Esteban Beltrán, director de la organización en España, señalaba que "las suspensiones de los actos públicos en Madrid y Vitoria no tienen justificación", puesto que las autoridades judiciales no demostraron de manera precisa que la convocatoria de esos dos actos supusieran una amenaza para la seguridad nacional, el orden público o el derecho de otros, tal y como estipula el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Además, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica "abarca la posibilidad de que las personas y las organizaciones de la sociedad civil expresen sus opiniones sobre el referéndum y sobre la independencia en general en cualquier momento e individual o colectivamente, incluso en el contexto de reuniones públicas". En consecuencia, Amnistía Internacional sigue con preocupación las últimas decisiones impartidas por la justicia española. La última, la de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de declarar prisión provisional para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart con cargos de sedición, puesto que los actos violentos que se vieron en las distintas manifestaciones convocadas a favor de la independencia de Catalunya fueron esporádicos y cometidos en todo caso por una minoría de manifestantes, por lo que no se pueden atribuir directa ni indirectamente a los líderes de la ANC y de Òmnium. A través de un comunicado, la ONG ya ha pedido la retirada de los cargos y ha insistido en la necesidad de que las medidas restrictivitas tomadas por el Gobierno sean proporcionadas.

Asimismo, la instrucción del Fiscal General del Estado para investigar "las campañas encaminadas a señalar a determinados responsables por su negativa a incumplir la ley" está siendo evaluada detenidamente por Amnistía Internacional para determinar si se están excediendo los límites de la libertad de expresión, al igual que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que mediante Auto de 13 de septiembre, ha ordenado a la Guardia Civil que investigue "qué medios de comunicación han insertado cualquier tipo de publicidad o propaganda sobre la convocatoria del referéndum y, verificado, se procederá a hacerle inmediato requerimiento de que cesen en dicha publicidad". Beltrán ha apuntado, al respecto, que "restringir cualquier publicidad o propaganda, como indica el Auto, es notablemente impreciso, pudiendo llevar a prohibir comunicaciones que son ejercicios legítimos de la libertad de expresión e información".

Finalmente, Amnistía Internacional ha denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Catalunya contra personas que pasivamente se resistían en la calle y a la puerta de los centros de votación el día del referéndum. De acuerdo al derecho internacional, mientras los participantes de una reunión o manifestación no opongan resistencia violenta a la policía, esta no puede usar la fuerza.