Le cobraban 2.500 euros a las víctimas, por realizar estas gestiones, de manera ilegal
Tras una investigación iniciada en el año 2015, la autoridad judicial condena a tres personas por la falsificación de documentos para la obtención de permisos de residencia
Agentes de la Policía Nacional de Salamanca, concretamente de la Brigada de Extranjería y Fronteras, iniciaron una compleja investigación en 2015, tras ser detectados unos documentos falsos por la Oficina Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, con los que se intentó dar de alta como trabajador, de forma fraudulenta, a un ciudadano pakistaní, en una empresa.
Los mismos documentos habían sido utilizados para tramitar la concesión de un permiso de residencia temporal por circunstancias excepcionales en la Subdelegación del Gobierno de Salamanca. Una vez detectado el fraude se decretó la extinción de dicho permiso y se pusieron los hechos en conocimiento de la Policía.
Tras las investigaciones, los agentes lograron desarticular un grupo criminal organizado, formado por dos españoles y dos pakistaníes. En primer lugar un gestor, español de 45 años, con numerosos antecedentes policiales, se encargaba de conseguir los contratos de trabajo falsificados.
En un segundo escalón de la trama delictiva, una mujer española de 35 años contactaba con los interesados en adquirir los contratos falsos en un kebab, sirviéndose de la mediación de un trabajador del establecimiento, un pakistaní de 29 años y con residencia legal en España. La mujer, además, hacía de traductora, cobrando a los interesados en obtener la regularización de forma fraudulenta 2.500 euros.
El solicitante del permiso de residencia fraudulento, un pakistaní de 31 años, sabía que compraba un contrato de trabajo irregular, desconociendo en que consistía el mismo, ni donde se realizaría, ni si recibiría retribución alguna, confiando en lo que le decía el trabajador del kebab, de su misma nacionalidad.
Finalmente, este lunes, 3 de los 4 investigados han sido condenados, tras la vista celebrada en el Juzgado de lo Penal número 1, al aceptar la pena propuesta por el Ministerio Fiscal, como presuntos autores de falsificación de documentos para la obtención de permisos de residencia en España.