Los falsos positivos en Colombia y la impunidad

Por Marisol Juan Orozco, activista por los Derechos Humanos.

En Colombia, los militares han secuestrado a personas no guerriller@s, normalmente campesin@s y de bajos recursos económicos, los llevaban lejos de sus lugares de residencia, los vestían de guerrilleros, los mataban y los ponían en el campo de batalla, posteriormente sus cuerpos eran identificados como guerrilleros muertos en combate.

Esta estrategia de guerra fue creada con el objetivo de darle un gran valor a las estadísticas de bajas contra la guerrilla, presentar resultados por parte de la brigada de combate y para recibir el dinero y privilegios que el gobierno de entonces estaba ofreciendo a cambio de guerrilleros muertos. Además, a los militares que llevaban a cabo estos asesinatos se les daban recompensas económicas, días de descanso, vacaciones y muchas veces ascensos.

El Movimiento de Reconciliación y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) presentaron los resultados de una investigación que revela cómo la "ayuda militar" que Washington prestó a Bogotá, entre 2000 y 2010, se tradujo en un incremento de los casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles, conocidos como "falsos positivos", y se incrementaron las ejecuciones extrajudiciales un 154% durante la Política de Seguridad Democrática del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002 a 2010), período en el que también se intensificó el conflicto armado en el país.

El informe expone que los "militares colombianos de las unidades que recibían asistencia estadounidense intentaban demostrar su eficacia presentando altas cifras de guerrilleros exterminados, aunque en realidad las víctimas no siempre lo eran". Estas muertes de personas inocentes se agudizaron desproporcionadamente a partir del año 2002 hasta el 2010, llegando a 4.716 muertes con un 70% de impunidad, sin embargo, la Fiscalía colombiana por su parte reportó 2.799 víctimas de este comportamiento, mientras que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas referenció 3.000 víctimas por este delito en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2008.

Por su parte, víctimas del conflicto armado pidieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado juzgue como autores y no como encubridores a altos mandos militares acusados de ejecuciones extrajudiciales, o lo que se conoce como falsos positivos: "Las víctimas consideramos que, al ser comandantes de las unidades militares con responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales, hay que juzgarles como autores y no como encubridores" ya que la diferencia entre ambos cargos penales son 25 años de cárcel".

Los peticionarios, entre los que se encuentra el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), solicitaron al Estado que garantice "la participación efectiva" de las víctimas en el proceso judicial para salvaguardar su derecho a "la verdad, la justicia y la reparación" pues es "insólito y paradójico" que, durante los juicios, las víctimas puedan solicitar la presencia de los acusados, pero no interrogarles, puesto que esa práctica se delega en la Fiscalía, que pasa a representar a las víctimas mediante esta práctica judicial que produce una "alarmante impunidad" en los casos de "falsos positivos", eufemismo con el que se conocen las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército.

A pesar de la lucha nacional e internacional de madres y familias de las victimas por conseguir justicia durante todos estos años, la situación de ahora no es del todo positiva, ya que aún quedan muchos culpables sin ser juzgados y muchas víctimas sin reconocimiento. Víctimas que ya parecen estar en el olvido del pueblo y más del gobierno colombiano, que no hace justicia, pero no son víctimas olvidadas porque después de más de ocho años sus familiares siguen buscando justicia. Su lucha imparable hace que no nos olvidemos de estos casos, como muchos otros que han quedado impunes y olvidados del mundo.