C’s pide a la Junta en una PNL que Berkeley abone el aval íntegro y que se incluyan todos los...

El procurador de Ciudadanos por Salamanca, David Castaño, defenderá en la comisión de Economía de las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley para que el Gobierno autonómico exija a la empresa Berkeley, promotora del proyecto de una mina de uranio en Retortillo, al pago íntegro del aval por las obras de restauración medioambiental y que en este se incluyan todos los costes incluido el cierre.

Según consta en la PNL, la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la Junta de Castilla y León no ha fijado ningún aval para la protección del medio ambiente, sí para la restauración del espacio natural afectado por la actividad minera, fijado este por la Junta de Castilla y León en 2.757.283 ? para la mina, balsas de estériles y planta de tratamiento, de los 13.345.375 euros previstos en el presupuesto.

A pesar de ello, desde C's recuerdan que el estudio de impacto ambiental y la Declaración de Impacto Ambiental "tienen numerosas deficiencias o incongruencias. Entre ellas destacan la ausencia de obligación de construcción anti-sísmica en las balsas de lixiviación, la extracción elevada de agua del río Yeltes, la ausencia de garantía financiera para el cumplimiento de lo previsto en la Declaración de Impacto Ambiental y la "aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental y el otorgamiento de la Concesión minera sin contar con el Informe de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre disponibilidad del agua, que se emite en marzo de 2016 aunque de forma favorable al promotor. Esta supondría una irregularidad prohibida por la Jurisprudencia del T.S. que podría derivar en la nulidad de tales resoluciones".

Cálculo del aval

Asimismo, la Junta ha establecido un sistema de avales por fases o diferido en el tiempo con una carencia de tiempo que permite a la empresa operar sin aval alguno hasta que comience la producción de su planta de tratamiento, lo que para la formación naranja "constituye una irregularidad, puesto que la Directiva Europea 2006/21/CE de la que emana el mencionado RD 975/2009 establece en su artículo 14 que La garantía financiera deberá exigirse antes del comienzo de cualquier actividad de acumulación o depósito de residuos. Además, añade que el cálculo de la garantía financiera debe prever que se cumplan todas las obligaciones incluidas las de cierre sin perjuicio de poder ir disminuyéndose a medida que se va acometiendo la restauración".

El importe de aval de restauración exigido por la Junta de Castilla y León "parece inusualmente bajo puesto que la propia Enusa anuncia en su página web que el coste acumulado de restauración de la Mina Fe de Salamanca e instalaciones anexas asciende a unos 150 millones de euros, es decir aproximadamente 54 veces más que lo solicitado por la Junta de Castilla y León a Berkeley", recuerdan desde C's.

Ante este hecho, Castaño concluye "que la forma de aplicar el aval por parte de la Junta es irregular. La directiva de la que emana la legislación española especifica claramente que se tiene que exigir el aval por su totalidad antes de los costes de restauración y depósito de estériles antes de iniciar la actividad".

Por último, el procurador naranja recuerda que "cuando se otorga una concesión, esta misma ya no se puede retirar, es por ello que la validez del otorgamiento está supeditado al abono del aval en tres meses desde la publicación de la concesión". Por ello, añade que "permitir pagar los plazos del aval fraccionadamente en dinero y en tiempo es una irregularidad ya que si no se paga un plazo, en cualquier caso, el otorgamiento es válido por treinta años".

Así pues, C's realiza cuatro propuestas de resolución en la PNL para instar a la Junta de Castilla y León a:

1. Exigir la totalidad de las garantías financieras antes del comienzo de la actividad de acumulación o depósito de residuos para la puesta en marcha de la mina de uranio por la empresa Berkeley Energía S.L.
2. Que en el cálculo de las garantías financieras se cumplan absolutamente todas las obligaciones incluidas la de cierre, sin perjuicio de poder ir disminuyéndose a medida que se vayan acometiendo la restauración.
3. Instar al Gobierno de España a clarificar y explicar el procedimiento jurídico seguido para la cesión de los derechos de explotación de las Reservas Definitivas a favor del Estado para minerales de uranio denominadas Salamanca 28 y 29 Nº 6.362 y 6363 del catastro minero de Salamanca.
4. Instar al Gobierno de España a, ya que la figura legal de "Consorcio" está prevista para la asociación de entes públicos en la consecución de unos fines de interés general o para la prestación de un servicio público, esclarecer si una empresa privada puede alegar mantener un consorcio con el Estado.