La penosa deriva de la sanidad pública en Castilla y León

Desde que, allá por otoño de 2012, la Junta decidió suprimir las guardias médicas nocturnas en 18 zonas rurales de Castilla y León, la gestión de la Sanidad pública ha sido una fuente inagotable de conflictos que mantienen desde entonces en la picota política al consejeroAntonio Sáez.

Herrera y Sáez visitando el hospital de Benavente en 2015

Aquel conflicto puso en pie de guerra a la población rural afectada, especialmente a la de Las Arribes salmantinas, que se sintió desprotegida por una medida que pretendía ahorrar 1,5 millones anuales (menos del 0,05 por ciento del presupuesto de la consejería de Sanidad, cifrado ese año en 3.421 millones de euros). Mientras había barra libre para garantizar el negocio privado del Hospital de Burgos, la Junta no andaba con contemplaciones a la hora de recortar el gasto social. Excepcionalmente, en el caso concreto de las guardias médicas rurales, la consejería tuvo que dar marcha atrás, ya que el PSOE así lo exigió en junio de 2013 como condición "sine qua non" para dar su aprobación a la Ley marco de Ordenación del Territorio.

Gracias a esa circunstancia los 40.000 vecinos afectados se salvaron de aquel recorte, que no de otros, como la reducción de plantillas que ha seguido deteriorando la atención primaria en el medio rural. Un deterioro compartido con los centros de salud urbanos y los hospitales, donde la consejería combate las abultadas listas de espera, ya sea para intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas o consultas especializadas, a base de desviar la atención ala Sanidad privada. Los recortes introducidos en los años de plomo de la crisis vinieron para quedarse y se han quedado. Tanto es así que el presupuesto de la Consejería, que en el año 2010 llegó a alcanzar los 3.509 millones, se ha situado el pasado año en 3.300, casi un 6 por ciento menos que hace siete años.

Aunque no siempre se plasme en movilizaciones como las mareas blancas que periódicamente salen a la calle en Salamanca o la multitudinaria manifestación que se registró el pasado mes en defensa del Hospital comarcal de Benavente, el malestar ciudadano con la gestión del Sacyl es cada día más visible. Además de las citadas, solo en lo que llevamos de año se han registrado manifestaciones en Puebla de Sanabria, Ponferrada, Burgos y León.

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Manifestación en Ponferrada el pasado 23 de febrero

La Sanidad constituye hace tiempo uno de los talones de Aquiles de la Junta y no siempre por la administración de los recursos, sino en no pocas ocasiones por la ineficiente planificación y la falta de participación profesional en la gestión, cuando no por la absoluta incompetencia de sus responsables. Basta citar co

mo ejemplos de esto último desaguisados como el que rodeó a las oposiciones de Enfermería, la pérdida de los 15.000 estudios radiológicos del hospital de Ávila o los continuos fallos del Medora, un sistema informático que con lamentable frecuencia colapsa unos consultas ya de por sí suficiente saturadas.

No hay sesión plenaria de las Cortes en la que la oposición no traslade al presidente de la Junta o al consejero esa creciente insatisfacción. Tanto uno como otro contraponen a las criticas los datos del barómetro sanitario, según el cual los ciudadanos de Castilla y León han otorgado en 2016 un 6,91 a la Sanidad pública de la comunidad, lo que supone una puntuación superior a la del año anterior (6,7) y una mejora respecto a la media nacional (6,55). Aburrido de que Juan Vicente Herrera se aferre continuamente a dicho barómetro, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha aclarado que, en lo que respecta a esta comunidad, dicho índice se basa exclusivamente en la opinión recabada a tan solo 440 personas encuestadas.

La situación de la Sanidad motiva dos de las cuatro preguntas realizadas por los portavoces de la oposición al presidente de la Junta dentro de la sesión de control parlamentario a celebrar en la tarde de este martes. Una de ellas, la formulada por el procurador de IU, José Sarrión, vuelve a poner sobre la mesa, digan lo que digan los encuestados en el barómetro, el deterioro general de la asistencia sanitaria en Castilla y León, plasmado en los distintos frentes que tienen abiertos la consejería y el SACYL. La otra pregunta, realizada por el socialista Luis Tudanca, plantea el problema de los enfermos de cáncer que se ven obligados a desplazarse a otras provincias para recibir un tratamiento de radioterapia del que no disponen en sus hospitales de origen.

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Amancio Ortega

Con criterios científicos muy discutibles, harto sospechosos de encubrir razones meramente económicas,la Junta lleva años dando la espalda a provincias como Ávila, Segovia, Soria, Palencia y la comarca de El Bierzo, que claman por la instalación de aceleradores lineales que eviten a los enfermos de cáncer y a sus familiares el sufrimiento añadido por los penosos desplazamientos que se ven obligados a realizar No piden otra cosa que una unidad como la que funciona en Zamora desde 2005. Y desde luego sería bastante bochornoso para el gobierno de Juan Vicente Herrera que al final dichos aceleradores lineales acaben instalándose con cargo a la parte alícuota que corresponderá a Castilla y León de los 320 millones de euros donados a la Sanidad Pública por el magnate de Inditex (Zara), Amancio Ortega, para la adquisición de equipos tecnológicos para la lucha contra el cáncer.

La Plataformas en defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León dirigieron antes de Semana Santa un durísimo escrito al consejero Sáez, acusándole de implantar unos sistemas de gestión basados en criterios economicistas contrapuestos a la eficiencia social "que deterioran el sistema sanitario público y ponen en riesgo su supervivencia". En esa línea enmarcan la implantación de las polémicas unidades de gestión clínica, que llegan a calificar como un "caballo de Troya" para desarticular desde dentro el sistema público en beneficio e la Sanidad privada. Del mismo modo que estiman que la desaparición de las Gerencias de Atención primaria no va a contribuir precisamente a mejorar la calidad del servicio.

Dichas Plataformas acusan Sáez y a su equipo de pervertir los valores éticos y profesionales de la Sanidad publica, "sustituyendo la prioridad de trabajar para los pacientes por la de trabajar para los gerentes". "Mientras los trabajadores y trabajadoras achicábamos el agua que entraba y reparábamos en lo posible los desperfectos producidos, los responsables de la gestión la gestión ha ido poniendo nuevas y nuevas dificultades con la finalidad de conseguir que nuestro sistema se siga hundiendo", afirma el escrito, que concluye pidiendo la dimisión del consejero Sáez y de su equipo. Vana pretensión esta última mientras el actual presidente siga al frente de la Junta.