Actitudes contrarias a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica: la cortina de humo de la...

Como se indicó la semana pasada (16/02/2017), el Gobierno español, anclado en el pacto de la Transición que asignaba a los gobernantes la política del olvido y la versión franquista de la historia como algo inmutable a cambio del poder que ostentaban u ostentarían, manifiesta una clara dejadez en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica (2007). En último término, cuando en el Congreso arrecian las peticiones de grupos de la oposición, el Presidente ofrece como argumento supremo de su inmovilismo que no hay "recursos" (público.es, 14/02/2016), pero la actitud negativa se comprueba ampliamente con anterioridad. Según el informe de Pablo de Greiff, relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no reincidencia de violaciones de los derechos humanos, hasta 2014 las medidas del Gobierno español frente a tales delitos en el período de la Guerra Civil y la Dictadura franquista brillaban principalmente por su ausencia:

"No se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad, no existe información oficial. El modelo vigente de privatización de las exhumaciones, que delega esa responsabilidad a las víctimas y asociaciones, alimenta la indiferencia de las instituciones oficiales".

Más claro, el agua. Con este modelo de política de la memoria a nivel del Estado, no es de extrañar lo que sucede en la Comunidad de Castilla y León, donde gobierna el mismo partido político que en el Gobierno estatal desde hace tiempo. Es sin duda una de las comunidades autónomas donde claramente se percibe "la indiferencia de las instituciones oficiales" y donde las autoridades concernidas, a nivel regional, provincial y local, "delegan sus responsabilidades a las víctimas y las asociaciones", que, sin recursos, aportan su esfuerzo personal y asumen gastos, sin alcanzar a paliar las deficiencias en la aplicación de dicha Ley que el Informe de la ONU señalaba en general: remoción de símbolos, Valle de los Caídos, educación deficiente, falta de formación de policías, militares y jueces, falta de información, acceso restringido a la documentación, exhumaciones privatizadas, obstáculo de la ley de amnistía, víctimas peor consideradas que las del terrorismo. Por supuesto, este estado de cosas no quedaba muy vistoso en ninguna parte, tanto que, al ser publicado, fue calificado de "bochornoso espectáculo". Por ello, la Junta de Castilla y León ha debido de considerar necesario algún remedio para tapar las vergüenzas, aunque se quede en mera cortina de humo que, por añadidura, constituya una falta de respeto al trabajo de las Asociaciones.

A falta de alguna milagrosa revelación venidera, esta es la impresión que ha dejado la actuación de una Subcomisión, formada por miembros de los grupos políticos de las Cortes y el secretario de la Presidencia. Según explicaron estaba encargada de reunirse con representantes de Asociaciones de cada una de las provincias castellano-leonesas para conocer las actividades que se estaban desarrollando, las dificultades halladas y las aspiraciones futuras, con el fin de poder apoyarlas (cosa hasta ahora nunca vista, al menos en Salamanca). Los representantes de las asociaciones salmantinas (Asociación de Salamanca por la Memoria y la Justicia, Farinatos por la Memoria y Federación de Foros, Memorial de La Orbada y socios de la Asociación de Documentación y Estudio de El Rebollar) fueron convocados para el día 15 de noviembre de 2016 en la sala de Comisiones de la Junta, en Valladolid. Algunos socios no eran muy partidarios de asistir, escarmentados por una convocatoria análoga en 2004 por parte del portavoz de la Junta y de la que, al cabo de doce años, nunca más se ha vuelto a tener noticias (cf. Informe-resumen de Luis Castro). Pero al fin prevaleció el criterio de asistir, aunque solamente fuera para señalar que, antes de elaborar medidas específicas comunitarias, se podía empezar por aplicar la Ley de Memoria Histórica y subsanar las carencias señaladas en el Informe de la ONU (2014), más palpables en esta Comunidad que en otras si cabe, como son:

-la identificación y exhumación de fosas con medios adecuados (LMH: art. 11, 12, 13 y 14), cuyo presupuesto "desde 2011 ha sido anulado" por el Gobierno (Informe ONU, 2014)

-retirada de topónimos franquistas a las entradas y salidas de localidades o en la red viaria (Dirección General de Carreteras), de nombres de represores en el callejero de ciudades y pueblos, de símbolos franquistas en espacios públicos: cruces de los caídos, yugos y flechas en las casas, etc. (LMH: art. 15), también evocada en el mencionado Informe y que, contrariamente a las declaraciones del Gobierno, siguen existiendo en esta Comunidad (y en otras).

En segundo lugar, se insistía en la necesidad de fijar lugares de memoria en la provincia (y en nuestro caso en los municipios de Ciudad Rodrigo y su entorno):

-placas conmemorativas de las personas asesinadas, en los cementerios donde estén enterradas

-inventario y señalización de fosas allí donde no haya habido exhumación (los dueños deben darse por enterados y colaborar: Carvajales, Valdespino, Valle del Lagar, etc.)

-inventario y señalización de ejecuciones extrajudiciales en lugares públicos (ej. Fuenteguinaldo, Plaza de Salamanca).

En tercer lugar, se solicitaba ayuda para la información, documentación y estudio de la memoria en la Provincia:

-facilitar (en vez de obstaculizar) el acceso a los centros de la memoria (LMH: art. 22. disposición adicional 1ª), los archivos provinciales y municipales, los registros civiles y de los juzgados, etc. Porque el trámite de la autorización del Ministerio de Justicia (LMH: art. 22. disposición adicional 8ª) se convierte en una rémora, debido a la actitud recalcitrante de algunos empleados, de manera que ahora hay más opacidad que antes. El incumplimiento de esta norma se recoge igualmente en el Informe de la ONU (2014)

-estimular los estudios sobre la memoria histórica y, concretamente, sobre la represión (franquista) en los territorios donde no se haya hecho (LMH: art.1, art. 22. disposición adicional 7ª)

-ayudar a la publicación y divulgación de los estudios que se hagan o se hayan hecho sobre dicho tema (ejemplo: La represión franquista en el sudoeste de Salamanca -1936-1948-, recién publicado y ya agotado).

Y en cuarto lugar, se pedía apoyo a la Junta para que la memoria de la República, la Guerra Civil y la Dictadura se trasmitiera a la docencia, para lo cual es necesario:

-acordar a la historia reciente y a la memoria histórica el espacio adecuado en la enseñanza secundaria

-desarrollar en los territorios de la actual Comunidad de Castilla y León el tema de la guerra civil y la represión de acuerdo con su contexto, sin que la explicación se limite a la evocación de algunos hechos bélicos y de figuras simbólicas.

Esto mismo no tendría posibilidad de llevarse a cabo si los docentes no están sensibilizados y formados sobre estos temas, de igual modo que el cumplimento de la Ley resulta inviable, según dicho Informe, si los miembros de la Policía, la Guardia Civil o las Fuerzas Armadas y sobre todo los Jueces (totalmente inhibidos en Ciudad Rodrigo) no reciben una formación específica sobre el respeto de los derechos humanos, gravemente violados durante el período de la Guerra y la Dictadura.

Y para terminar, con el debido respeto, se advertía a la Subcomisión de que se esperaba que este prometido apoyo a la memoria histórica en la Comunidad no se quedara en agua de borrajas o fuera una cortina de humo, para seguir como hasta ahora, o peor con el paso del tiempo, debido al fallecimiento de los testigos directos e incluso de sus hijos. Una situación que ya es calamitosa en la provincia de Salamanca (y en otras) desde que en 2011 la Administración suprimió las subvenciones para aplicación de LMH: sin exhumaciones, ni placas, ni ayuda alguna (sí con obstáculos) para la recuperación de la memoria histórica. Y para colmo, las actividades asociativas no tienen reconocimiento alguno por parte de las autoridades autonómicas y locales (salvo raras excepciones, como Ciudad Rodrigo y Robleda, por estos pagos).

Pues bien, desde aquella convocatoria de noviembre (2016) hasta ahora, la citada Subcomisión no ha dado señal alguna de vida, ni consta que asociaciones de otras provincias hayan sido convocadas. De modo que es una prueba suplementaria de la dejadez en la aplicación de la LMH que, a imitación del Gobierno del Estado, practican las instituciones de la Comunidad de Castilla y León. No es, por desgracia, una actitud exclusiva de esta Comunidad, pero existe un marcado contraste con sus vecinas del norte, donde residen numerosos emigrados castellano-leoneses, muchos de ellos descendientes de republicanos perseguidos. Y en esos territorios de acogida que son el País Vasco, Navarra y Cataluña la falta de reconocimiento de la memoria republicana se percibe como un síntoma de "nacionalismo españolista o castellanista", bastante fácil de vender, por el tufillo franquista que tal actitud lleva consigo.

Quizá las autoridades comunitarias y sobre todo las del Estado deberían preguntarse hasta dónde su calculada negligencia en la aplicación de la LMH influye en el desapego que en aquellos territorios se percibe en las elecciones con respecto a los partidos políticos que han gobernado el país durante cuarenta años.