La Junta aprueba el mapa de la nueva ordenación territorial en contra de la opinión de los...

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de esta mañana el Proyecto de Ley por el que se aprueba el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio de Castilla y León, y ello ante la opinión contraria de la mayoría de los alcaldes de la provincia después de presentar sus alegaciones y que estas no hayan sido ni siquiera contestadas.

A excepción de algunos casos como el de los ayuntamientos de Almendra y Juzbado, cuyos alcaldes solicitaron permanecer en las zonas de salud a las que están adscritos actualmente, y a lo que accedió para ambos la Consejería de Presidencia, en otros, como las alegaciones del ayuntamiento de El Cubo de Don Sancho, Doñinos de Ledesma, o las mancomunidades de Vitigudino o Cabeza de Horno, por citar solo unos ejemplos, no han recibido respuesta a sus alegaciones.

Esto, unido a los nuevos pasos dados sin la consulta de quienes viven en el medio rural el día a día, está provocando un malestar generalizado que se acentuará "cuando ya no haya marcha atrás", señalaba uno de los responsables de Cabeza de Horno a este diario, quien opinaba que lo que se está procurando es "acortar la agonía de muchos municipios".

Aun así, el optimismo todavía pervive entre la indignación de secretarios y alcaldes por cómo la Consejería de Presidencia está gestionando este proceso, pues opinan que las Cortes frenarán la proposición de Ley al requerir su aprobación una amplia mayoría, al menos por dos tercios del plenario, señalaban, lo cual, dada la situación actual no será fácil en esta legislatura a pesar del apoyo del PSOE en el inicio del proceso.

Pero De Santiago-Juárez sigue a lo suyo, era un propósito que ya demostrara en su visita a Vitigudino hace algo más de dos lustros, maximizar los recursos de acuerdo a criterios poblacionales, un objetivo que ha ido alcanzando y materializando poco a poco hasta llegar a este momento, según la Junta, con un "amplio consenso político y social".

De esta afirmación, claro está, difieren los alcaldes y los habitantes de los núcleos rurales, precisamente los que en un sentido o en otro se verán afectados por la Ley de Ordenación del Territorio, lo cual no deja de ser un hecho llamativo, aunque no tanto como pueda parecer en principio, pues no es nuevo que no se tenga en cuenta la opinión de quienes sufren las decisiones políticas.

Comunicado de la Junta

Esta mañana se ha dado el último paso para aprobar los mapas de las unidades básicas de ordenación del territorio (UBOST) y, por tanto, el trámite necesario para culminar el nuevo modelo de Ordenación del Territorio en la Comunidad, con la aprobación del proyecto de ley en el Consejo de Gobierno.

Las prioridades de este proyecto son aprobar el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio de Castilla y León, garantizar los servicios públicos autonómicos en el medio rural, flexibilizar algunas cuestiones del modelo de Ordenación del Territorio y facilitar la aprobación de las Áreas Funcionales Estratégicas para, sobre estas, elaborar el Plan Plurianual de Convergencia Interior y regular el Fondo de Compensación Autonómico.

El proyecto de ley efectúa la aprobación del mapa de las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio, que se incluye como un anexo. En total, existirán en Castilla y León 193 unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, 16 urbanas y 177 rurales. Cada una de ellas integrarán un promedio de 12,8 municipios y una población promedio de casi 6.460 habitantes.

El texto garantiza una serie de cuestiones, como son, por un lado, el mantenimiento de los servicios públicos de competencia autonómica en el medio rural (incluso, en el caso de que actualmente existan dos centros de salud en una UBOST, explícitamente, se garantiza su mantenimiento) y, por otro, el volumen de prestación de servicios en cada una de las provincias. También garantiza el derecho de los municipios a constituir las nuevas mancomunidades de interés general y/o mantener las mancomunidades actualmente existentes, así como la continuidad de las Comunidades de Villa y Tierra y el derecho de todas ellas a recibir ayudas de la Administración de la Comunidad. El texto recoge también una atención especial a la singularidad de la Comarca de El Bierzo.

Además, el proyecto de ley aprobado garantiza la adaptación de las rutas de transporte interurbano al mapa de UBOST, debiéndose priorizar la comunicación con los municipios en los que se presten servicios públicos esenciales de competencia autonómica.

Con este proyecto de ley, la Junta de Castilla y León también persigue flexibilizar el modelo con el fin de dar respuesta a las diferentes propuestas recibidas en las fases de participación a las que se ha sometido en su elaboración. Así, se define la "coincidencia sustancial" que la ley 7/2013 de ordenación, servicios y gobierno del territorio de Castilla y León establece que se debe producir entre el ámbito territorial de una o varias UBOST, tanto con la zonificación de servicios autonómicos como con las mancomunidades de interés general. Entre otras cuestiones, se permite que los municipios que pertenezcan a una UBOST de otra provincia puedan pertenecer a una mancomunidad de interés general de la suya o se establece un margen de coincidencia de hasta el 50 % en la constitución de las nuevas mancomunidades de interés general para los servicios locales.

A su vez, da flexibilidad a la norma, al determinar que la cartera común y homogénea de competencia y funciones de las mancomunidades de interés general rurales esté integrada por dos bloques: uno con las competencias y funciones mínimas y otro con las que cuya asunción será de carácter voluntario.

Con la aprobación del mapa de UBOST, se da también cumplimiento al Estatuto de Autonomía al facilitar la aprobación de las Áreas Funcionales Estratégicas ? cuya delimitación deberá estar definida en los seis meses desde la aprobación de esta ley-, sobre las que elaborar el Plan Plurianual de Convergencia e Interior y regular el Fondo Autonómico de Compensación, instrumentos cuyo objetivo común es hacer frente a los desequilibrios demográficos o económicos entre los distintos territorios de la Comunidad y para lo que el proyecto de ley establece un plazo adicional de seis meses.

Asimismo, se incluye la declaración del Área Funcional Estable de Benavente, y la modificación, incorporando a dos municipios, de las Áreas Funcionales Estables de Burgos y de Aranda de Duero, respectivamente.

Amplio consenso político y social

Destaca la amplia participación y diálogo a los que la Junta de Castilla y León ha sometido todo el proceso de Ordenación del Territorio, desde sus comienzos hasta el momento actual. El origen del nuevo modelo tiene lugar en el Debate de Investidura del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en el año 2011, y, desde ahí, pasando por los acuerdos políticos entre el PP y el PSOE de Castilla y León de octubre de 2012 y de junio de 2013 en el Debate de política general de la Comunidad, se culminó con la aprobación de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio de 2013, por mayoría de dos tercios de las Cortes de Castilla y León, que fijó todos los principios y elementos que sustentan el nuevo modelo.

Durante el desarrollo de esta Ley también se han logrado importantes acuerdos en la Ley de Áreas Funcionales Estables de noviembre de 2014, aprobada por más de dos tercios de las Cortes de Castilla y León, que reguló las grandes ciudades y los municipios de su alfoz, afectando, aproximadamente, a 1.600.000 habitantes; en la Ley que regula la participación de los ingresos tributarios de la Comunidad Autónoma de diciembre de 2014; y en el reglamento que regula la organización y funcionamiento de las nuevas mancomunidades de interés general.

Al inicio de esta legislatura, el 22 de julio de 2015, los grupos parlamentarios PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos suscribieron un acuerdo político por el que se comprometían a "continuar avanzando en el modelo de ordenación del territorio". En cumplimiento de este acuerdo, ahora la Junta de Castilla y León culmina el modelo con la aprobación del proyecto de ley que regula el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio y su remisión a las Cortes de Castilla y León. Proyecto especialmente importante para el mundo rural, en el que viven los otros 900.000 habitantes de la Comunidad.

En la elaboración de los mapas se ha seguido el procedimiento legal necesario, incluido el trámite de participación ciudadana en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León. También se ha escuchado a los plenos de las diputaciones provinciales y al Consejo Comarcal de El Bierzo, se ha dado audiencia a todos los municipios, se ha sometido a información pública y a la toma de conocimiento del Consejo de Cooperación Local de Castilla y León. Asimismo, la norma, además de someterse también al trámite de participación ciudadana, ha sido objeto de presentación a la Federación Regional de Municipios y Provincias, de presentación, informe y dictamen del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo de Castilla y León.

Esta dinámica de participación e informes ha enriquecido el texto legal mediante los sucesivos cambios y modificaciones al mapa que se han ido incorporando a lo largo del proceso. Por todo ello, el proyecto de ley aprobado hoy en el Consejo de Gobierno es fruto de un amplio consenso político y social.

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