El triatlón se une por ‘Una Ley Justa’ que regule los homicidios por imprudencia   

Este 22 de diciembre la sede de la Federación Española de Triatlón (FETRI) ha celebrado un acto de apoyo a la iniciativa #porunaleyjusta, que busca un cambio en la legislación actual que regulan los homicidios por imprudencia que en estos momentos están permitiendo que muchas vidas de ciclistas se estén saldando sin consecuencias para sus causantes.

La campaña, que ya supera las 190.000 firmas de apoyo en change.org, ha sido impulsada por Anna González López después de que un conductor despistado atropellara a su marido cuando practicaba deporte sobre su bicicleta y se diera a la fuga sin prestar socorro. El objetivo principal que se persigue es la modificación de la legislación vigente, para acabar con que los atropellos en las carreteras españolas sigan resolviéndose por la vía civil y vuelva a medirse por la vía penal; una situación que implica que la desprotección, que ya de por sí, tienen los deportistas en una carretera ante el resto de vehículos, se traslade también al apartado legislativo.

Al acto de este jueves han acudido José Hidalgo (presidente de la FETRI), representantes de colectivos afectados, contando con el apoyo de María del Carmen Rubio (madre de la joven María García Rubio, triatleta de 15 años fallecida en 2013 al ser atropellada mientras entrenaba junto a una compañera en Fuentecantos [Soria]) y el hermano de María, Enrique García. Junto a ellos también han estado presentes varios de los presidentes de las Federaciones Autonómicas que se han sumado a esta campaña. La práctica totalidad de las federaciones autonómicas de triatlón han respaldado y firmado esta petición, a la que también se han unido las Federaciones de Ciclismo de Castilla y León y Cataluña, al igual que la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP), que ha estado representada esta tarde por su secretario general, Alfonso Triviño.

COMUNICADO DE LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS Y NACIONALES DE CICLISMO Y TRIATLÓN

#porunaleyjusta, Anna Glez.

Las Federaciones Autonómicas de Ciclismo y Triatlón, así como sus homólogas nacionales, sensibilizadas con el colectivo de todos los ciclistas, deportivos, cicloturistas o usuarios normales de las vías públicas, deseamos transmitir nuestra honda preocupación por la situación de extrema vulnerabilidad en la que actualmente se encuentra nuestro colectivo. No solo porque estamos a merced de que los vehículos a motor circulen con respeto hacia nuestra integridad física, sino porque cuando ocurre un accidente las víctimas se encuentran desamparadas por unas normas que no les defienden. Tras la despenalización de las faltas de imprudencia en julio de 2015, las víctimas han de someterse a un calvario para poder reclamar sus indemnizaciones y además, quien causa el accidente en la inmensa mayoría de los supuestos, queda impune. Se convierte en la lucha de David contra Goliat, en la que las aseguradoras poseen todos los medios materiales y humanos a su disposición frente a la debilidad de las víctimas vulnerables, quienes muchas veces no tienen los medios, las fuerzas ni el tiempo para hacer valer unos derechos cada vez más mermados.

Tras un año y medio del cambo del Código Penal hemos constatado como compañeros accidentados han tenido que plegarse a las aseguradoras porque los juzgados de la jurisdicción penal han archivado las causas por considerar que el atropello que ha causado fallecidos o lesionados no es un supuesto de responsabilidad penal, aún siendo culpa del conductor del vehículo a motor y a causa de una infracción a las normas de tráfico en contra del ciclista.

Esa situación se ve agravada incluso cuando el causante del accidente se da a la fuga tras el atropello, algo que desgraciadamente ocurre con bastante frecuencia y que en la inmensa mayoría de los supuestos sale gratis a quien abandona el lugar del hecho, o bien porque el accidentado puede ser socorrido por terceras personas, o porque la víctima muere en el acto. El Código Penal no contempla que en ese caso el desalmado que huye tenga algún reproche en forma de pena.

Por lo que los aquí presentes pedimos a los distintos Grupos Parlamentarios en el Congreso que unan sus fuerzas para promover una reforma del Código Penal que contemple como supuesto penal la imprudencia en la conducción en cualquiera de sus grados cuando a consecuencia de ella exista resultado de muerte o lesiones. Así mismo que se introduzca un nuevo supuesto penal independiente de la omisión del deber de socorro, cual es huir o darse a la fuga cuando se ha provocado un accidente, que acarree incluso penas de prisión efectivas en los supuestos de existir heridos y/o fallecidos.

Queremos que las fuerzas parlamentarias transmitan a la sociedad un mensaje claro de que la vida es sagrada, y que por encima de los intereses comerciales están las personas. Quien cometa una infracción a una norma de tráfico y cause daños a personas, han de pagarlo y el estado ha de defender a la víctima con todos sus recursos.