El contumaz agujero negro de las "bufandas" de la Junta

Salvando toda una carrera de obstáculos que refleja muy bien el concepto que tiene el gobierno de Juan Vicente Herrera sobre la "transparencia" en el gasto público, el procurador socialista Pedro González Reglero ha podido visualizar en un ordenador -eso sí, sin poder obtener copia impresa del documento- lo gastado en "bufandas" por la Junta durante el año 2014. (Aclaro para los no informados que estas "bufandas" no son la prenda de abrigo tan agradecida en esta época del año, sino las gratificaciones extraordinarias que los gobernantes de turno conceden discrecionalmente al personal de su confianza, bien sea para retribuir su supuesto exceso de jornada o para comprar su silencio).

González Reglero, que ya venía siguiendo la pista de este dispendio en la anterior legislatura, desveló ayer en la Cadena SER algunas de las cifras más llamativas. Por ejemplo, que en 2014 la consejería de la Presidenciadistribuyó entre dicho personal 167.000 euros, resultando de nuevo el máximo agraciado el conductor oficial del ahora vicepresidente, que siguió embolsándose 4.200 euros trimestrales fijos por dicho concepto. Hay que decir que no fue sin embargo el chófer mejor compensado de la Junta, ya que el de la consejera Pilar del Olmo percibió 1.500 euros mensuales y el del consejero de Fomento (entonces Antonio Silván) alcanzó los 20.000.

Reglero también ha podido comprobar otro extremo aún más escandaloso, cual es el cobro de "bufandas" -concretamente de 1.500 euros- por parte de determinados Jefes de Servicio, esto es, por funcionarios de libre designación con dedicación exclusiva.

Con el tramposo argumento de que la información vulnera la Ley de Protección de Datos, el gobierno de Herrera dificulta al máximo el acceso de la oposición a dichos datos, al tiempo que se los niega en redondo a la representación legal de los trabajadores públicos. A causa de esto último la Junta de Personal, que reúne a los cinco sindicatos mas representativos, ha emprendido acciones penales al entender conculcados sus derechos (articulo 542 del Código Penal) por parte de los secretarios generales de las consejerías, que son quienes se niegan a facilitar dicha información, que antes al menos colocaban en los tablones de anuncios y en los últimos años ya ni siquiera eso.