UGT exige a las Administraciones medidas para proteger a las víctimas de la violencia de genero
Fonsi Bonafonte, secretaria de Igualdad y Sector Sociosanitario FeSP-UGT Castilla y León, en el centro, junto a Fernando López Sánchez, secretario General FeSP-UGT Salamanca, y Concepción Vaquero Sánchez, secretaria de Enseñanza FeSP-UGT Salamanca / Foto
Entre otras medidas, reclaman un Pacto de Estado en esta materia o la recuperación de competencias locales
UGT exige a las Administraciones Públicas medidas y recursos para prevenir y proteger a las víctimas de la violencia de genero. Además, mantiene su apuesta por la educación en Igualdad en todos los niveles y pone el énfasis en el valor de la educación como la herramienta fundamental para lograr la igualdad.
Desde el sindicato valoran especialmente los videos ganadores del Certamen II Concurso Audiovisual 'Ama la Igualdad, Di no a la violencia de género', una línea de trabajo que FeSP-UGT ha desarrollado con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, para potenciar y dar visibilidad al compromiso de los empleados públicos ante este problema.
En Salamanca esta campaña la presentaron, este jueves, Fonsi Bonafonte Calama, secretaria de Igualdad y Sector Sociosanitario FeSP-UGT Castilla y León, Fernando López Sánchez, secretario General FeSP-UGT Salamanca, y Concepción Vaquero Sánchez, secretaria de Enseñanza FeSP-UGT Salamanca.
Las diez medidas que reivindica el sindicato son las siguientes:
- PACTO DE ESTADO PARA EL DESARROLLO DE LA LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, dotándola de los profesionales y recursos necesarios para su efectiva aplicación en todos y cada uno de los ámbitos de las diferentes administraciones públicas.
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y RECUPERACIÓN COMPETENCIAL A FAVOR DE LAS ENTIDADES LOCALES, Implicando a las Unidades de Igualdad de todas las Subdelegaciones de Gobierno en la coordinación de policías, jueces, fiscales, la abogacía de oficio, así como al personal sanitario, en juzgados, policía (estatal, autonómico y local), servicios sociales y oficinas de atención a las víctimas.
- ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS DE EVALUACIÓN, AJUSTE Y CORRECCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA Y SUS PROTOCOLOS DE FUNCIONAMIENTO, implementando protocolos de investigación con el objetivo de detectar y evaluar qué ha fallado cuando hay víctimas después de la denuncia.