¿No había otro procurador más indicado?
Por lo visto, no. Se debatía en el pleno de las Cortes una proposición no de ley presentada por el grupo socialista en relación con la aplicación (o sea, el incumplimiento) de la Ley de la Memoria Histórica (LMH) y el grupo popular encargó la defensa de su posición al procurador Alfonso Centeno.
¿Quién es Alfonso Centeno? Además de procurador en las Cortes por la provincia de Valladolid, es desde hace 20 años el alcalde-presidente de la muy ilustre villa de Olmedo, precisamente el primer ayuntamiento español condenado judicialmente por incumplir la LMH. Bien mirado, si se trataba de oponerse a la dicha iniciativa parlamentaria, como así finalmente hizo el grupo popular, nadie mejor que Centeno para hacerlo.
Demandado por su contumaz caso omiso a lo dispuesto en dicha Ley, una sentencia judicial emitida el pasado mes de junio ha obligado al ayuntamiento de Olmedo a la inmediata retirada de toda la simbología (escudos, insignias, placas, derechos y honores o menciones) de exhaltación de la guerra civil y de la dictadura franquista. Entre otras varias distinciones, la localidad mantiene una calle dedicada a Onésimo Redondo, el denominado "caudillo de Castilla".
Consecuente con su actuación como alcalde, Centeno se opuso en el pleno de las Cortes a la proposición socialista, argumentando que su contenido excedía los limites de la LMH (esa misma que él durante años se ha venido pasando por el forro) y las propias competencias de la Junta, a la que la iniciativa instaba a implicarse y a apoyar de forma activa el cumplimiento de la legalidad establecida. El grupo popular se quedó solo en su oposición a la proposición, apoyada por todos los demás grupos parlamentarios (Podemos, Ciudadanos y Mixto).
El ayuntamiento de Olmedo ha sido el primer ayuntamiento condenado, pero no el único de la comunidad denunciado en los Juzgados por incumplir la LMH. Es el caso, entre otros, de los ayuntamientos de Burgos, León, Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y San Leonardo de Yagüe (Soria). Estos dos últimos, al contrario que el salmantino Agueda del Caudillo, siguen resistiéndose a eliminar el "apellido" que se añadieron después de la guerra civil.
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