El PSOE insta a paralizar la disolución de entidades públicas que dependen de los ayuntamientos

El Grupo Socialista en la Diputación de Salamanca llevará una moción al próximo Pleno de la institución provincial en la que se insta al Gobierno de España para que realice, de manera inmediata, todas las actuaciones necesarias para paralizar la disolución de las entidades dependientes de las entidades locales (ayuntamientos y diputaciones provinciales de régimen común) que prestan servicios públicos a la ciudadanía o realicen actividades de impulso económico o social, y en especial, aquéllas que estén prestando servicios públicos esenciales como el abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, la recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos o el transporte público de viajeros.

Los socialistas recuerdan que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha remitido a diversos Ayuntamientos una carta en la que se les requiere que adopten las medidas oportunas para proceder a la extinción de diferentes entidades públicas dependientes de los mismos.

La medida se adopta en aplicación del apartado 2 de la disposición adicional novena de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (en adelante LBRL), en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).

Entre las entidades cuya disolución se pretende, añaden, "se encuentran empresas municipales que realizan determinados servicios públicos, como el transporte de viajeros, el abastecimiento de agua, la recogida de basuras, patronatos de escuelas infantiles o agencias locales de desarrollo; e incluso entidades que según los ayuntamientos afectados no estarían afectadas por las disposiciones de la LRSAL".

Este requerimiento, "además de un nuevo ataque del Gobierno en funciones del PP a la autonomía local, supone que los ciudadanos de los Ayuntamientos y de las Diputaciones Provinciales afectados verían como dejan de prestarse los servicios públicos a cargo de estas entidades y que resultan esenciales para su vida cotidiana, servicios que ninguna administración está en condiciones de dejar de prestar, así como actividades destinadas a implementar el desarrollo local o la recuperación económica".

Todo ello, "sin ofrecer un plan alternativo para la prestación de dichos servicios ni soluciones para los empleados que trabajan en dichas empresas". En definitiva, señalan desde el PSOE, "nos encontramos ante una nueva exigencia en aplicación de una norma cuya legalidad se encuentra impugnada ante el Tribunal Constitucional por el recurso presentado ante dicho órgano por más de tres mil ayuntamientos, que entienden que dicha norma vulnera el principio de autonomía local reconocido recogido y protegido por la Constitución".