El Derecho Humano al Agua: el nuevo reto de la sociedad internacional

Autor: Jesús Martín Piñuela, activista por los Derechos Humanos

Sin embargo, el Derecho Humano al Agua no fue reconocido en el Declaración de Naciones Unidas de 1948; lo fue más tarde y en fecha reciente. La Asamblea General de dicha Organización proclamó el Agua como Derecho Humano el 28 julio de 2010.

Terminada la 2º Guerra Mundial el agua como recurso no planteaba problemas o, al menos, no era sentida como una necesidad. Sin embargo, muy pronto, en los años 50 el desarrollo industrial que tiene lugar en Europa tras el Gran Conflicto deja notar un problema grave, la contaminación del agua que no sólo afectaba a su calidad sino también a la cantidad disponible de la misma. Así es como en la década de los sesenta empiezan a aparecer los primeros movimientos ecologistas en nuestro continente. Esta preocupación llevará a la Comunidad Económica Europea a adoptar las lprimeras medidas para resolver el problema.

En América Latina, como consecuencia del auge del neoliberalismo y de las medidas impuestas por el FMI que obligaron a la privatización de servicios públicos, tiene lugar también la privatización del acceso al agua. Esta política privatizadora del servicio del agua será un fracaso, ya que las empresas concesionarias se despreocuparon por hacer llegar la misma a los sectores más débiles de la población, al tener que hacer frente a fuertes inversiones e infraestructuras. Únicamente los sectores de la población con mayor capacidad económica, y rentables para las empresas, veían cubierta la necesidad de agua. Esta situación desembocó en movimientos ciudadanos que provocaron la cancelación de contratos de privatización como, por ejemplo, en Argentina o el inicio de revueltas que llevaron a la presidencia del país al primer indígena, en el caso de Bolivia.

Esta confluencia de intereses, de América del Sur por un lado y, Europa por otro, condujo a que Bolivia, con el apoyo de otros Estados presentara un Proyecto de Resolución ante la Asamblea General de Naciones Unidas, siendo aprobado en la fecha antes señalada. Lamentablemente no hubo unanimidad por parte de los países miembros de la Organización ya que la votación contó con la oposición en forma de abstención, fundamentalmente, de Estados Unidos y otros Estados de origen anglosajón.

El reconocimiento supone un avance importante ya que impone una obligación moral a los Estados para lograr el objetivo de conseguir servicios de acceso al agua y de saneamiento universales. En contra de dicho avance juegan los intereses de grandes corporaciones interesadas en la privatización de los servicios del agua o en el control de las fuentes y sistemas de abastecimiento de agua con fines comerciales. En la segunda década del S-XXI alrededor de 740 millones de personas carecen de acceso a agua potable y unos 2.400 millones carecen de acceso a infraestructuras de saneamiento.

Finalmente, destacar que la Organización Mundial de la Salud estima que, la falta de acceso al agua y de infraestructuras de saneamiento, provoca la muerte, cada año, de 2´2 millones de personas, principalmente niños menores de 5 años. Esto equivale a la muerte de un niño cada 15 segundos. Tampoco hemos de olvidar que, como consecuencia de la crisis, en Europa alrededor de 1 millón de personas carecen de acceso a agua potable y el 2% de la población carece de acceso a infraestructuras de saneamiento.