Croniquillas y Necrologios (III): Cese de las gestoras republicanas y creación de las milicias...

Una vez declarado el bando de guerra en Ciudad Rodrigo, las fuerzas rebeldes usurparon el poder municipal en los pueblos de la comarca. Depusieron a los gestores republicanos y nombraron para los cargos a vecinos adictos a los golpistas en las localidades donde habían detectado conatos de "resistencia" a la Sublevación o, con anterioridad, una marcada exigencia de reformas republicanas por parte de los socios de la Casa del Pueblo. Esta operación violenta, realizada con intervención de oficiales militares y jefes de puestos de la Guardia Civil y de Carabineros, apoyados por gente armada a sus órdenes, llevaría una semana aproximada. La deposición se efectuaría al proclamar el estado de guerra en alguna localidad (desde el día 20 de julio) y la imposición de la comisión militarista se formalizaría al día siguiente, a partir del 21 de julio, como en la Ciudad y en Aldea del Obispo.

De este relevo forzado en Ciudad Rodrigo se encargó Juan Sáez Chorot, capitán de la Guardia Civil y comandante militar provisional de la plaza. El día 21 de julio, de una tacada confirmó la destitución de la corporación legítima ("por haber abandonado la Gestora municipal sus funciones", lo cual era una mentira manifiesta, pues los gestores legítimos habían sido detenidos por el ejército y los agentes rebeldes) e impuso otra de corte militarista, presidida por Magín Vieyros de Anta, sargento de Infantería retirado. En otras localidades del partido judicial mirobrigense los comandantes de los puestos de la Guardia Civil o de Carabineros efectuaron el nombramiento por delegación de la autoridad militar de la 7ª Región Militar (Valladolid). En teoría el nombramiento de nuevas gestoras incumbía al gobernador civil golpista (primero Rafael Santa-Pau y después Ramón Cibrán, jefes militares ambos), pero a veces actuaban como delegados otros oficiales o personas civiles hasta que fueron cesados el 5 de agosto. En el partido de Sequeros actuaron como delegados para esta misión, además de Ventura Sánchez-Tabernero, marqués de Llén, Antonio Maíllo, jefe de Acción Popular, y Manuel Fuentes, jefe de Falange en dicha localidad.

En la indicada sesión de plenos del 21 de julio, el Cap. Sáez, siguiendo un bando del general Mola fechado en Burgos el día anterior, autorizaba y alentaba a la nueva Corporación para la creación de "una milicia fascista" a base de las Juventudes de las formaciones derechistas, "constituyendo un Cuerpo de Agentes para el mantenimiento del orden" (AMCR, ses., 21/07/36). Con este objetivo serían equipados como los militares, llevando correaje, armamento, distintivos. Los "servicios" que, hasta su disolución en 1939, prestaron estos milicianos fascistas son de sobra conocidos en general; los detalles se expondrán llegado el caso. Las diversas facciones ya tenían jefes o los tuvieron pronto, aunque solamente Falange y Acción Popular parecían tener una organización bien establecida en Ciudad Rodrigo, con Juan Agustín Calzada Hernández y Lorenzo Muñoz Báez al frente, respectivamente. El alcalde Vieyros en la susodicha sesión nombró jefe de las milicias de la Ciudad a Eusebio Arévalo Vicente, que, por suerte para él y sobre todo para los mirobrigenses, no dejó huellas conocidas de sus "hazañas", pues enseguida sería eclipsado por Ernesto Bravo Rivero, alférez de complemento del Rgto. de Infantería de la Victoria (Salamanca), que se hallaba de permiso en Ciudad Rodrigo al iniciarse el Alzamiento. De su eficacia represiva él mismo se hizo pregonero cuando fue procesado y de sus amenazas con la pistola en la mano testificaron las víctimas de sus extorsiones (C.2133/37).

Los milicianos fascistas en seguida fueron inseparables acompañantes de los comandos de la Guardia Civil que la jerarquía militar de Salamanca enviaba a determinados pueblos o zonas para los registros domiciliarios, detenciones de republicanos señalados y recogida de "donativos" para el Ejército, que eran multas y verdaderas extorsiones. Las primeras redadas de este tipo se comprueban en torno al 25 de julio en Retortillo y los pueblos de la Sierra. Una vez instalado el terror en regla, en la segunda semana de agosto, los milicianos fascistas practicaban las correrías con más autonomía, sobre todo allí donde no había puestos de la Guardia Civil o de los Carabineros, pero no actuaban por su cuenta. Ellos mismos dejaron claro que, para las ejecuciones extrajudiciales, tenían delegación e incluso órdenes verbales de las autoridades militares y, llegado el caso de ser acusados de "gravísimos cargos", los consejos de guerra los absolvieron (C.2133/37), a no ser que los jueces instructores hicieran pasar a los victimarios por antiguos izquierdistas (C.728/37).

Ángel Iglesias Ovejero