Anpe lamenta que el debate educativo haya estado marcado por las elecciones

Anpe ha mostrado su decepción porque el curso escolar ha estado marcado por los procesos electorales, lo que ha dejado en el aire la resolución de los importantes retos que debe afrontar este sector. Así, desde este sindicato reiteran "la necesidad de impulsar un pacto educativo que dote de estabilidad al sistema, que aleje a la educación de la confrontación ideológica permanente y que alcance un compromiso para hacer de ella una verdadera prioridad política y social en España".

Comunicado de Anpe

Este final de curso escolar coincide con unas nuevas elecciones electorales. Si el curso se inició con la convocatoria de las elecciones que se celebraron el 20D, termina con la convocatoria del próximo 26J. Hemos transitado por un curso, sin precedentes, con el Gobierno y el Ministerio "en funciones". Este panorama ha supuesto que el debate educativo haya estado inevitablemente marcado y mediatizado por los procesos electorales.

Recordamos como el comienzo de curso vino marcado por la propuesta dellibro blanco de la función docente que generó un debate distractor y estéril alejado de la reflexión profunda que necesita la política del profesorado y que queda en "papel mojado" cuando no se aborda en el marco específico de negociación, la mesa sectorial de educación y con la implicación de los verdaderos protagonistas: los docentes.

Paralelo al fracaso en la formación del nuevo gobierno tras el complejo resultado electoral, surgió otro de los mantras recurrentes: el pacto educativo. Desde ANPE hemos reiterado hasta la saciedad la necesidad de impulsar un pacto educativo que dote de estabilidad al sistema, que aleje a la educación de la confrontación ideológica permanente y que alcance un compromiso para hacer de ella una verdadera prioridad política y social en España.

La voluntad de alcanzar un Pacto Educativo quedó desvirtuada con la proposición debatida en el pleno del congreso sobre la derogación de la LOMCE, una ley que nació sin consenso y en un marco de recortes, pero que una vez aprobada, no puede ser derogada sin tener una ley que la sustituya, además, sin pensar en las consecuencias inmediatas que puede tener para la organización práctica de los centros, para los alumnos y sus familias y los propios profesores, la paralización de una ley que lleva dos cursos aplicándose sin tener aprobada, desde el consenso, otra ley alternativa que la sustituya.

Y el curso escolar termina con otra polémica como son las pruebas externas, que este curso correspondía aplicar la de sexto de primaria. Hemos asistido a una ceremonia de la confusión orquestada por algunas CCAA que bien se han negado directamente a cumplir la ley o se parapetan en subterfugios legales como el intento de "dejar en manos de los centros" la forma de realizar la evaluación final de Primaria. Como también se han puesto sobre la mesa los borradores de las denominadas reválidas de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato, ANPE quiere recordar su posición: no nos oponemos a la decisión de incorporar al sistema educativo este tipo de evaluaciones, que han de estar estructuradas y coordinadas por el Ministerio para que resulten efectivas a la hora de diseñar programas y políticas específicas, pero solo tendrán sentido si responden a un instrumento para el diagnóstico del progreso en el aprendizaje, a la homologación de contenidos y a la aplicación de programas de recuperación y que vayan precedidas de un refuerzo previo de la evaluación continua e interna. En los niveles obligatorios ningún alumno debería ver cercenado sus posibilidades de titulación por la aplicación directa de evaluaciones externas siempre que el alumno haya acreditado suficientemente en las evaluaciones internas la superación de las competencias, los objetivos y los contenidos curriculares establecidos en cada nivel.

En el relato de todos estos temas hay un denominador común, no se ha contado con el profesorado ni para buscar su implicación ni para escuchar sus propuestas.

Ante el inminente proceso electoral y desde el respeto absoluto a todas las opciones políticas, desde ANPE sostenemos que la Educación debe formar parte de una política de Estado, que responda al interés general de los ciudadanos y no a intereses partidistas. El éxito y la calidad escolar, la formación y motivación de los docentes, la dotación de los recursos necesarios y la confianza en un sistema educativo eficaz y avanzado deberían constituir el verdadero debate educativo y el compromiso político y social de llevarlo a la práctica. Sólo este compromiso, entre todos, pero contando siempre con el profesorado, permitiría alcanzar los pactos y acuerdos necesarios que sienten las bases para dotar de estabilidad al sistema y para contribuir a la mejora de la calidad de la Educación en España.