Somacyl recibe confirmación de interés para 5 de las 17 viviendas sociales de Donantes de Sangre

Una veintena de personas asistían este jueves en el Teatro Calderón a la reunión convocada por la Sociedad Publica de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León con la que se inicia el proceso de adjudicación a los interesados de las viviendas de protección pública del grupo Donantes de Sangre.

Una técnico de Somacyl ha explicado los pormenores de la adquisición así como las diferentes opciones actuales para su compra. Uno de los puntos que mayores protestas ha suscitado ha sido la entrada que deberá abonarse a la firma y cuya cantidad, unos 27.000 euros, es excesiva para la gran mayoría de los interesados. Una cifra a la que, tal y como explicaba la especialista del organismo, se deberán sumar otros 2.000 euros en concepto de gastos de gestión notarial.

El resto de los 102.000 euros que costara la vivienda podrá ser subrogado mediante hipoteca con lo que los 74.000 euros restantes podrán solicitarse al banco algo que, en caso de ser financiado a 25 años, supondría una cuota mensual que rondaría los 300 euros.

A pesar de la bajada en los precios del 23% sujeto a la ley, los interesados han mostrado hoy su disconformidad por el precio y las condiciones iniciales de pago que, a su juicio, son extremadamente altas ya que se trata de viviendas con carácter social destinadas a rentas bajas o en condiciones especiales.

Tras la reunión, interesados y técnicos visitaron las viviendas situadas en el barrio de San Roque, guiados por técnicos de Somacyl. Se trata de 17 parcelas de 106 metros cuadrados, en las que están incluidas las viviendas que constan de 90 metros, a lo que se suma el garaje.

Hasta el momento ya se ha confirmado el interés en 5 inmuebles por lo que las 12 restantes, de no completarse en esta primera convocatoria, pasarían a ser ofertadas a los reservas de la lista y, en caso de no conseguirse el 100% de ocupación así, se abrirían a todo el público, siempre sujetas a las condiciones especiales impuestas por la Junta de Castilla y León en este ámbito.