Revolcón jurídico al consejero juez de carrera

Consecuente con el afán de la Junta de privatizar todo lo privatizable -incluido aquello que realizan con todas las garantías y a menor coste los trabajadores públicos-, la consejería de Fomento y Medio Ambiente se lanzó el pasado mes de octubre a adjudicar a una empresa privada el Servicio de Rescate y Salvamento, que durante 9 años han venido cubriendo a la perfección los bomberos profesionales de Castilla y León. Y en lugar de alcanzar un acuerdo para que dicho colectivo pudiera seguir prestando dicho servicio, se convocó el correspondiente concurso.

Desde el primer momento, la Plataforma de Bomberos Profesionales denunció el anómalo pliego de condiciones que regía el procedimiento y, coincidiendo con la apertura de las plicas, llegó a convocar una concentración de protesta ante la sede de la Consejería. Solventado el trámite, el contrato fue adjudicado por 260.000 euros a la misma empresa que ya gestiona el Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil.

Y a lo que se ve a los bomberos -que también denunciaron presunta connivencia interna desde dicha Agencia- no les faltaba razón. Hace unos días la consejería se veía obligada a anular la adjudicación, ello en cumplimiento de una resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC), ante el que había recurrido otra de las empresas concursantes.

La resolución del TARC, tribunal integrado por los propios miembros del Consejo Consultivo, resulta jurídicamente demoledora. Llega a afirmar que el órgano de contratación "ha incurrido en arbitrariedad", al valorar los criterios ponderables mediante "una puntuación viciada" que no muestra las especialidades y peculiaridades de cada oferta. Todo ello como consecuencia de un pliego de condiciones en el que "no queda garantizada la necesaria igualdad en el trato no discriminatorio de las diferentes ofertas presentadas".

Ante lo cual, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, para más señas ex juez decano de León, ha tenido que anular no solo la adjudicación, sino también la propia licitación. El revolcón jurídico recibido por su la consejería que dirige su señoría en excedencia es como para hacérselo mirar. Y por supuesto que nadie espere que ni el consejero ni el director de la Agencia de Protección Civil, José Luis Ventosa, asuman la menor responsabilidad política por el desaguisado.