JULIO FERNÁNDEZ / Profesor de Derecho Penal de la Usal
El resultado de las elecciones del 20 de diciembre dará mucho que hablar, aún durante estos primeros meses de 2016. La pérdida de la mayoría absoluta del PP y la imposibilidad de llegar a ella con cualquiera de las aritméticas posibles con las que nos movamos, provoca irritación en los correligionarios de esta formación política y en muchos de sus seguidores, que aprovechan cualquier medio a su alcance (como las redes sociales) para desacreditar las actuaciones de dirigentes políticos progresistas.
Se puede estar o no de acuerdo con la gestión de nuestros gobernantes, porque la crítica política forma parte de la esencia de la democracia y debe respetarse siempre. Ahora bien, cuando ésta se hace única y exclusivamente por motivos de odio y resentimiento, la sana crítica se convierte en descalificación burda y soez, que es más una expresión de rabia y de impotencia de quién pierde el poder democráticamente, creyéndose heredero y propietario del mismo, por casta y por tradición.
Esta es la reacción que ha tenido la joven aristócrata y ex diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos en relación a un comentario que hizo su hija de 6 años cuando presenciaban la cabalgata de reyes de Madrid cuando dijo que el traje del rey Gaspar no era "de verdad" y al que reaccionó diciendo "no te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena, jamás". Quizá una reacción así pueda estar motivada, más que por el comentario de la niña, por la decisión de la alcaldesa de Madrid de destinar la "zona vip" de las gradas de la Cibeles para presenciar la cabalgata a personas discapacitadas y no a representantes de la aristocracia madrileña que viven en el elitista barrio de Salamanca o porque una "roja y radical" Carmena no es digna de presidir el ayuntamiento de Madrid y hay que pisotear todo lo que haga, esté bien o mal. Es vergonzoso que, en pocas horas, le hayan dado más palos a Carmena por la cabalgata de reyes que a Ana Botella por los trágicos sucesos del Madrid Arena.
Por otro lado y para contrarrestar el fiasco del resultado electoral del gobierno de Rajoy, los medios de comunicación afines al ejecutivo aprovechan los buenos datos del empleo en el mes de diciembre para ensalzar las políticas de recuperación económica cuando estamos ante un número de desempleados muy parecido al que encontró el PP cuando llegó al gobierno, en diciembre de 2011. En cambio, algunos medios se hicieron eco de una noticia que ha pasado desapercibida. Me refiero a la titulada "educación y sanidad públicas pierden casi 50.000 trabajadores desde 2012" y que, paradójicamente, publicó el boletín estadístico del Ministerio de Hacienda sobre empleos públicos. Según los datos publicados, la enseñanza pública no universitaria ha perdido 23.000 profesores desde enero de 2012 a julio de 2015, mientras el número de alumnos se ha incrementado en ese mismo periodo en 113.000. Por su parte, la sanidad pública ha perdido más de 24.000 trabajadores en ese mismo periodo y, en total, la administración pública cuenta con 143.000 empleados menos, lo que supone un 5 por ciento de reducción.
Con estos datos es imposible mantener una sanidad y una educación públicas, universales y de calidad. Esperemos que el futuro gobierno (bien sea de los pactos que puedan tejerse a partir de ahora o después de los resultados de la más que probable futura convocatoria electoral dentro de dos o tres meses) considere las políticas sanitarias y educativas como pilares básicos de la actuación política, como derechos sociales básicos de todos los ciudadanos y no como instrumentos mercantiles con los que unos cuantos empresarios puedan enriquecerse.