El PSOE pide que se defina la vivienda residencial desocupada y aplicar el recargo del IBI fijado...

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento llevará al pleno del lunes en el Consistorio una moción para que se inste a la administración correspondiente, en este caso el gobierno de España, a definir y delimitar, mediante el desarrollo reglamentario, el concepto de bien inmueble de uso residencial que se encuentre desocupado con carácter permanente, y que de esta forma se le pueda aplicar a estas viviendas desocupadas el recargo del IBI que ya establece la Ley. De esta forma, se podría empezar a penalizar a los propietarios que tengan viviendas vacías, especialmente a las entidades financieras, que está impidiendo que el precio de la vivienda libre baje, y por tanto, dificultando el acceso a muchas personas a tener una vivienda en la actualidad.

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 72.4, posibilita a las entidades locales ?los Ayuntamientos- la exigencia de un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del impuesto para aquellas viviendas que se encuentren desocupadas con carácter permanente, siempre que cumplan las condiciones determinadas reglamentariamente.

Sin embargo, desde la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 2/2004, no se ha producido el correspondiente desarrollo reglamentario para definir y delimitar de manera concreta qué debe entenderse por vivienda desocupada con carácter permanente, lo que ha imposibilitado su puesta en práctica en muchos municipios o, si ha llegado a establecerse en la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, su aplicación ha sido recurrida.

Según el informe emitido por la empresa de Tasaciones Inmobiliarias TINSA, en su último informe sobre la radiografía del stock de vivienda, publicado el pasado mes de noviembre, la provincia de Salamanca cuenta con 3.143 viviendas desocupadas. Por la distribución de la población en nuestra provincia y el desarrollo urbanístico de los últimos años, cabe deducir que una parte importante de estas viviendas se encuentran situadas en la ciudad y un porcentaje significativo en manos de entidades financieras. La existencia de un gran número de viviendas vacías, dificulta sin duda el ejercicio del derecho para acceder a una vivienda digna a una parte de la población, al existir menos viviendas disponibles y, por tanto, reducirse la oferta del mercado, empujando los precios al alza, o al menos por encima del precio de equilibrio entre la oferta real de vivienda ?incluyendo los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente- y la demanda existente.

Con esta moción, los socialistas quieren evitar que siga existiendo esa posible inseguridad jurídica, y por esto parece conveniente requerir a quien tiene la competencia según los tribunales, en este caso el gobierno de España que, vía reglamento, defina qué debe entenderse por vivienda desocupada y así, aquellos ayuntamientos que lo determinen, puedan aplicar el recargo correspondiente sin que ello suponga su declaración de nulidad por no tener cobertura legal suficiente tal y como viene ocurriendo ahora.