Una mina bajo razonable sospecha

Por si no fuera ya poco controvertido de por sí, el gigantesco proyecto de explotar a cielo abierto un presunto yacimiento de uranio en la provincia de Salamanca, la Cadena SER desveló ayer la mediación efectuada por un ex alto cargo del PP para conseguir la autorización de la Unión Europea.

El "mediador" ha resultado ser el burgalés Manuel Lamela, ex alto cargo de los gobiernos de José María Aznar y de Esperanza Aguirre, especialmente polémico tras su paso por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, donde inició un proceso de privatizaciones del que resultó beneficiaria una empresa, Assignia Infraestructuras, de la que después pasó a ser directivo.

Con este antecedente no ha extrañado que hace ahora un año inscribiera su despacho personal, denominado Acountax, en el registro de lobies de la Unión Europea con el fin de mediar a favor de la multinacional australiana Berkeley, promotora de la explotación del mencionado yacimiento de uranio. Lo grande del caso es que dicha mediación se ha producido ante la Comisaría de la Energía de la que ex titular un viejo conocido suyo: Miguel Arias Cañete. Conocido y antiguo jefe, ya que Lamela, nombrado en 1996 Subsecretario del Ministerio de Agricultura, fue confirmado en el cargo en 2000 por Arias Cañete, quien ese año se hizo cargo de la cartera.

Pero antes de llegar a Bruselas el proyecto de Berkeley había obtenido la preceptiva autorización de la Junta de Castilla y León, concretamente de la consejería de Economía, que, previa declaración favorable de impacto ambiental por parte de la de Medio Ambiente, en abril de 2014 dio luz verde a la explotación. La concesión, otorgada por un periodo inicial de 30 años prorrogable hasta 90, contempla la actuación sobre una superficie de 2.517 hectáreas pertenecientes a los términos de Retortillo y Villavieja de Yeltes, permitiendo procesar hasta dos millones de toneladas de mineral al año.

Visto lo cual y destapada la "trama eólica", en la que casualmente confluyen las dos mismas Consejerías), la sospecha más que razonable es si hubo algún Lamela que mediera también ante la Junta. De momento el PSOE e IU han pedido la comparecencia parlamentaria del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, quien no llegó al cargo hasta el pasado julio. Quienes siguen siendo los mismos son el director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, y el director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez, dos nombres que se repiten con demasiada frecuencia en actuaciones envueltas en la polémica.