Cataluña, España... Constitución

Hace unas fechas los catalanes, de forma mayoritaria, expresaron su voluntad de no iniciar un proceso secesionista de manera unilateral. El mensaje es claro, quienes condujeron a los catalanes a un callejón sin salida, alterando el lenguaje de unas elecciones autonómicas para convertirlas, nominalmente, en un plebiscito, han perdido. Han obtenido un porcentaje de votos menor del 50%. Es más, la candidatura que en forma de bloque soberanista concurría a estas elecciones obtuvo menos escaños que la suma de los que consiguieron por separado cada uno de los partidos que la integraban en las anteriores elecciones autonómicas. Tal es el desbarajuste de esta candidatura que ahora dependen de un partido antisistema, que la misma noche electoral apeló a la insumisión en determinadas leyes, para que uno de sus candidatos, aún no se sabe quién, pueda ser investido Presidente de la Generalitat.

Pero de la situación de fragmentación en la que se encuentra la sociedad catalana no solo hay que culpabilizar a las fuerzas nacionalistas que han embarcado a buena parte de la ciudadanía catalana en un proceso secesionista carente de garantías legales y de apoyos externos, también es responsable el Gobierno de España, cuyo Presidente, Mariano Rajoy, ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias, creyendo que su habitual modus operandi, dejar que los problemas mueran por sí solos, iba a valer y resulta que para lo único que ha valido es para enconar más la situación y, como consecuencia, para acelerar el proceso.

Ni España ni Cataluña merecen gobernantes ni partidos políticos que lejos de resolver los problemas los acentúen. Mientras el nacionalismo ha sido el eje sobre el que se han centrado los discursos del PP y del bloque del Junts Pel Sí, Cataluña ha sufrido una brutal ola de recortes, fruto tanto de la ideología netamente liberal del Presidente Mas como de la inacción y la incapacidad de aplicar políticas públicas más allá de la defensa a ultranza de la independencia de Cataluña. Y mientras eso sucedía en Cataluña, el Gobierno de España, se ha empeñado en hacer una cruzada legislativa y judicial con el único objetivo de poner trabas legales a un proceso cuya única salida es la política.

Frente al inmovilismo, acción. Eso es lo que han defendido el PSOE y el PSC. La única salida al callejón catalán es la política. Diálogo, mucho diálogo, con el fin de pactar una reforma constitucional que implique el reconocimiento de la diversidad entre los territorios que conforman nuestro país pero que los aglutine en torno al respeto y a la defensa de la Constitución.

Esa y no otra es la única opción posible ante uno de los principales retos a los que se enfrentará el próximo gobierno resultante de las elecciones del mes de diciembre.